Quiñones dice que la Delegación del Gobierno no tiene competencia para decretar cuarentena ni para retornar a personas

La Guardia Civil ha actuado en Valderredible y atendido los requerimientos del alcalde dentro de sus competencias
La Delegación del Gobierno en Cantabria ha asegurado que la Guardia Civil ha actuado en el municipio de Valderredible y ha comprobado y atendido diferentes situaciones de las que ha venido advirtiendo el alcalde, Fernando Fernández, en sucesivos escritos remitidos a la Delegación advirtiendo de “supuestos incumplimientos del Estado de Alarma”.
La delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, ha señalado que todos los escritos del regidor “han sido, como no puede ser de otra forma, puesto en conocimiento del cuerpo policial competente, la Guardia Civil”, que ha actuado en el municipio “en cumplimiento de la normativa en vigor” y ha interpuestos sanciones “cuando así lo ha requerido la situación y en base a los límites establecidos”.
Quiñones así lo ha indicado en contestación al escrito remitido por el alcalde de Valderredible, a fecha 15 de abril, en el que apuntaba a una situación de riesgo en el municipio por la supuesta llegada irregular de varias personas al mismo y que, según el regidor, estarían incumpliendo el Estado de Alarma por lo que solicitaba someter a esas personas a cuarentena o retornarles a sus lugares de origen.
La delegada del Gobierno, en su contestación, ha explicado al alcalde de Valderredible que esta administración no tiene competencias para decidir someter a cuarentena a ninguna persona, ya que es algo que tiene que determinar la autoridad sanitaria, ni tampoco para retornar a sus lugares de origen a personas que puedan estar llegando al municipio, algo que solo podrían decretar los órganos judiciales.
Esas medidas requeridas por el alcalde de Valderredible “exceden las atribuciones que por norma tiene establecidas” la Delegación del Gobierno.
Respecto a decretar una cuarentena, Quiñones ha  apuntado que la disposición de un confinamiento involuntario en su domicilio es una medida que “es competencia de las autoridades sanitarias”, tal y como se recoge en la ‘Resolución por la que se adoptan medidas preventivas en la Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19)’, de fecha 13 de marzo.
Por tanto, ha señalado que solo la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria tiene competencia para decreta una cuarentena obligatoria que, además, en todo caso, debe  ser ratificada por la Autoridad Judicial competente.
En cuanto a la petición de que retornar personas a sus lugares de origen, la delegada del Gobierno ha manifestado que, “igualmente, dicha medida excede con mucho el ámbito competencial de esta Delegación”.
En concreto, habría que acudir a una resolución judicial en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, en concordancia con lo establecido en los Artículos 48 y 57 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
“A título meramente informativo, y salvo mejor parecer de la autoridad judicial competente, se estima que la casuística planteada en su escrito no  justifica la adopción de dicha medida”, ha añadido Quiñones en su escrito de contestación al alcalde de Valderredible.