PSOE y PRC solicitan la creación de una comisión especial en el Parlamento

Rafael de la Sierra y Eva Díaz Tezanos esperan el apoyo del PP por la trascendencia de la nueva ley para el futuro de los ayuntamientos
Los portavoces de los grupos parlamentarios socialista y regionalista, Rosa Eva Díaz Tezanos y Rafael de la Sierra, han solicitado hoy a la Mesa la creación de una comisión especial no permanente para “conocer y valorar” el proyecto de reforma del régimen local, plasmado en el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y evaluar su compatibilidad con el Estatuto de Autonomía de Cantabria.
Ante la trascendencia de esta reforma para el futuro de los ayuntamientos y de los servicios públicos que hasta ahora han prestado a la ciudadanía, tanto De la Sierra como Díaz Tezanos esperan que el Grupo Popular se sume a la propuesta y permita con sus votos la creación de esta comisión no permanente, dado que además es “la primera que se plantea en la presente legislatura con el objetivo de avanzar y mirar hacia adelante, en lugar de dedicarse a investigar el pasado”.
Ambos portavoces han destacado la necesidad de que la nueva ley “refuerce y no limite la autonomía local”, tal como el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, acaba de defender en Estrasburgo ante el Consejo de Europa, con motivo del debate del Informe de la Democracia Local y Regional en España, en el que la propia Unión Europea recomienda garantías para asegurar este principio.
La propuesta de socialistas y regionalistas pretende que la comisión desarrolle su trabajo por espacio de dos meses, con cinco objetivos fundamentales: valorar los efectos del anteproyecto en la prestación de los servicios esenciales que afectan a la garantía de los derechos sociales reconocidos por el Estatuto de Autonomía, “haciendo valer la seguridad jurídica de la Comunidad Autónoma y las especificidades históricas y características del territorio cántabro”; analizar su posible repercusión en la subsistencia de las entidades locales existentes; garantizar el derecho a una financiación suficiente de los servicios que atienda la administración local; consultas a las entidades y a la Federación de Municipios de Cantabria su posición, y presentar una propuesta alternativa al Parlamento para su traslado al Gobierno regional, a la Administración central y a las Cortes generales.
Los grupos de la oposición han consensuado esta iniciativa después de que la portavoz del PSOE la planteara el pasado lunes en el Pleno del Parlamento y el PRC anunciara su disposición a apoyarla, al entender que la reforma, tal como está diseñada en este momento, puede poner en cuestión la autonomía municipal garantizada por la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y la Carta Europea de Autonomía Local, al reducir la capacidad de las entidades locales para gestionar las competencias públicas, aumentar la posibilidad de intervención de otras administraciones en su toma de decisiones e ignorar el principio de proximidad que preside la gestión local.
Asimismo, los dos grupos rechazan que los ayuntamientos sean privados de la capacidad de intervenir en las materias de interés local no atribuidas expresamente a otras administraciones públicas y temen que la nueva norma ponga en riesgo la garantía de los derechos sociales al modificar el modelo de organización territorial de los servicios sociales y de los relacionados con la atención a las familias, la infancia, la juventud y los mayores o la promoción de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Según ha explicado Díaz Tezanos, su objetivo es que el Parlamento “tome partido por los ayuntamientos y las entidades locales” frente a un anteproyecto de ley que “no es el que necesitan” y que debe llevarse adelante “por consenso, mediante acuerdos que son posibles en el ámbito municipal”.
En la misma idea ha insistido Rafael de la Sierra, quien ha recordado que en este momento “está en juego la propia supervivencia de muchos ayuntamientos y, con ellos, la de los servicios fundamentales que prestan a los ciudadanos, que serán los perjudicados si el Gobierno no rectifica y modifica los contenidos de esta reforma”.