Pide explicaciones por los malos tratos denunciados en la residencia Santa Ana de Santoña

A la vista del informe emitido por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Rosa Valdés pregunta por las plazas concertadas en el centro y las medidas adoptadas para garantizar la calidad asistencial
La diputada y portavoz del PRC en materia de servicios sociales, Rosa Valdés, ha presentado una batería de preguntas para que el Gobierno de Cantabria dé explicaciones al Parlamento sobre la denuncia por malos tratos presentada contra la residencia de mayores Santa Ana, de Santoña, y las medidas adoptadas para garantizar la calidad asistencial en el centro, con el que tiene plazas concertadas.
A la vista del informe emitido por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que ha realizado una inspección en el geriátrico a raíz de la denuncia de una antigua trabajadora en la que alerta del trato degradante y violento que reciben los residentes y en la que ha constatado diversas carencias de funcionamiento, Valdés se ha interesado por el plazo establecido para que la residencia subsane esas deficiencias y las medidas que la dirección ha puesto en marcha con este objetivo.
También quiere saber si una vez abierto el expediente de inspección se han producido nuevos ingresos, si la entidad privada que lo gestiona ha colaborado con el ICASS para esclarecer los hechos que han dado lugar a la denuncia, el número de plazas concertadas que sufraga la Administración autonómica y el grado de ocupación de las mismas, así como los protocolos de actuación aplicados para garantizar el correcto tratamiento asistencial de los usuarios.
La diputada regionalista espera que el Ejecutivo responda “sin demora” a todos estos interrogantes, dada la “gravedad” de los hechos denunciados y una vez constatado en la inspección del ICASS que la atención “no se acomoda a la gestión de calidad y el tratamiento humano que deben recibir los usuarios de un centro de estas características”.
Además, ha cuestionado el plazo de dos meses dado a la dirección de la residencia para tomar medidas. “El Gobierno no puede inhibirse dos meses cuando estamos hablando de maltrato a ancianos por parte de cuidadoras y ausencia de protocolos básicos de atención específica a las necesidades de estas personas, que ponen claramente en duda la atención”, ha explicado.
Por ello, ha reclamado “una actuación diligente” de la Administración “en garantía de la calidad asistencial que se debe a los mayores y que la normativa de Cantabria les reconoce para el correcto ejercicio de sus derechos”.