Para el PP, hay que considerar las características «singulares» de la región en la reforma localista

El diputado regional del PP Julio Bartolomé ha censurado que se trate de «extender la alarma» respecto a esta iniciativa del Gobierno central, que «no pone en peligro» ni la autonomía local ni los servicios comunitarios básicos.
El Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria ha defendido hoy que se tengan en cuenta las características «singulares» de la comunidad autónoma en la reforma de la Administración Local.
Así lo ha defendido el diputado regional del PP Julio Bartolomé en el Pleno del Parlamento de Cantabria, donde esta tarde se han debatido dos iniciativas del Grupo Regionalista sobre el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que, según ha recordado Bartolomé, se encuentra en una fase de tramitación «hábil» para la presentación de alegaciones, pues el informe aprobado por el Consejo de Ministros está pendiente del dictamen del Consejo de Estado y de las aportaciones que al mismo se puedan presentar ante la Comisión Nacional de la Administración Local.
Tras aseverar que «el Gobierno de Cantabria presentará alegaciones en tiempo y forma, sin necesidad de ser instado por el Parlamento», como pueden hacer directamente los diversos grupos políticos, Julio Bartolomé ha defendido que «desde Cantabria lo que podemos y debemos hacer es proponer una solución favorable, pues tiempo hay para ello durante la tramitación de la Ley, a los problemas que puedan crearse por nuestras características singulares», en referencia a que en esta comunidad autónoma el 97% de los Ayuntamientos tienen menos de 20.000 habitantes, el 82% menos de 5.000, y existe una población rural muy dispersa.
En este sentido, Bartolomé ha manifestado que habrá que insistir en clarificar que la financiación la reciba quien realmente preste el servicio, sea directamente o por delegación; que se matice lo relativo a la posibilidad de intervención en los municipios de menos de 5.000 habitantes; que el cálculo del coste estándar tenga en cuenta criterios como la dispersión de población; y que las atribuciones de los cuerpos estatales no vayan más allá de lo preciso para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad y estabilidad.
De este modo, el diputado regional del PP ha rechazado el decálogo de alegaciones presentado por los regionalistas para su aprobación por el Pleno del Parlamento, «con criterios que en su mayor parte son genéricos e indeterminados o que están ya recogidos en el Anteproyecto de Ley», según ha dicho. «Qué el PRC especifique sus alegaciones, pero no pretenda que le sigamos en camino de la indeterminación», ha apostillado.
En esta línea, Julio Bartolomé ha puesto de manifiesto la incoherencia del Grupo Regionalista al presentar dicho decálogo de alegaciones a la Reforma Local mediante una iniciativa parlamentaria y, a renglón seguido, pedir la retirada de esta reforma mediante otra iniciativa.
Durante su intervención, el diputado regional del PP ha subrayado que la reforma de la Administración Local es una de las grandes reformas acometidas por el Gobierno de Mariano Rajoy para «detener la caída libre en que estaban a finales de 2011 los principales indicadores económicos», recordando que existe un «amplio acuerdo» sobre la necesidad de mejorar la normativa sobre las entidades locales en España, clarificar competencias, eliminar duplicidades, establecer el equilibrio financiero y garantizar un adecuado nivel de calidad en la prestación de los servicios.
Por ello, Julio Bartolomé ha censurado que se trate de «extender la alarma» respecto a esta iniciativa del Gobierno central, y ha calificado de «oportunista» la solicitud del PRC para retirarlo, en la medida en que se trata de aprovechar una inquietud de un buen número de alcaldes y concejales, al margen del color político.
«La Ley no pone en peligro la autonomía local, sino que establece unos criterios perfectamente asumibles como son ‘una competencia, una administración'», ha insistido Bartolomé, quien ha agregado que «tampoco pone en peligro servicios comunitarios básicos» como la educación, la sanidad y los servicios sociales, que «son ya hoy competencia supramunicipal en sus aspectos troncales».
«En todo caso – ha explicado el diputado del PP – la Ley introduce periodos transitorios y no prohíbe de ninguna manera la continuidad de iniciativas ya existentes como competencias impropias, siempre que se cumpla el requisito de estabilidad financiera o se llegue a un acuerdo de delegación de competencias».