Ocho autonomías firman hoy en Santiago de Compostela una propuesta de financiación

Estas CC.AA. suman una cuarta parte de la población y el 62 por ciento del territorio, coincidiendo en reclamar más recursos para servicios básicos.
SEGÚN INFORMA HOY LA VOZ DE GALICIA, ochopresidentes de comunidades autónomasbuscan hoy en Santiago acercar posturasy cerrar una posición común sobrefinanciación ordinariaque el Estado reparte entre los distintos territorios. Los titulares autonómicos de Aragón (Javier Lambán-PSOE), Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page-PSOE), Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco-PP), Extremadura (Guillermo Fernández Vara-PSOE), La Rioja (Concha Andreu-PSOE), Cantabria (Miguel Ángel Revilla-Partido Regionalista de Cantabria) y Asturias (Adrián Barbón-PSOE) han atendido la invitación del popularAlberto Núñez Feijoopara dejar esas posiciones plasmadas en una declaración institucional que los ocho firmarán al filo del mediodía en el Hostal dos Reis Católicos.
El tiempo real para el debate será escaso, poco más de una hora, por lo que se presume un trabajo previo de los respectivos gabinetes de hacienda para que ningún detalle pueda distorsionar la imagen de unidad de las ocho comunidades ante el Gobierno de España y otros presidentes que defienden intereses distintos.
LA ALTERNATIVA DE LA ESPAÑA DESPOBLADA
Se había programado inicialmente para el 2 de noviembre, pero al final se aplazó para este martes. Este 23 de noviembre, a las 10 horas y en el Salón Real del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, arranca la tercera cumbre de presidentes autonómicos de la España despoblada. Es una información deLa Nueva Españade Oviedo.
LaEspañaque sufre la dispersión y el envejecimiento y que reclama un sistema de financiación que tenga en cuenta el coste de la prestación real del servicio, no solo el dinero por habitante. Un foro en que participan ocho comunidades (cinco de ellas lideradas por el PSOE y dos por el PP) y que llega a las puertas de que el Ministerio de Hacienda presente el principal pilar del nuevo modelo, el de población ajustada. ElGobiernose había comprometido a tenerlo diseñado este mes pero ahora aduce que podría tardar algo más por las enormes diferencias que separan a las comunidades, partidas en dos bloques básicos: la España interior y más rural frente a la España más saturada poblacionalmente y que se considera infradotada. Cataluña reclama una negociación bilateral yMadridestá al margen de la discusión por ahora y no se alinea con ningún grupo.
El jefe de la Xunta, el popularAlberto Núñez Feijóo,ejerce de anfitrión de la cita, a la que se suma su compañero de partido Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Aragón, Javier Lambán; Asturias, Adrián Barbón; La Rioja, Concha Andreu, y Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Este último se incorpora al bloque en esta cumbre de 2021, igual que Miguel Ángel Revilla, presidente deCantabriay del regionalista PRC, que cogobierna con los socialistas la comunidad. Las ocho autonomías, recuerdan, representan el 70% del territorio, aunque no llegan a la mitad de la población.
De la reunión de este martes pretenden salir los ocho barones con una declaración institucional conjunta unánime, lejos de “frentes”, coinciden fuentes de varios gobiernos consultadas por este diario. Los principios generales están “claros”, porque son los mismos que inspiraron la primera cumbre, en febrero de 2018 en León (en la que participaron Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón), y la segunda, en septiembre de ese año en Zaragoza (a la que ya se sumaron Castilla-La Mancha y La Rioja). Esto es, que el nuevo modelo de financiación autonómica, que sustituya al vigente, nacido en 2009 y caducado desde 2014, tenga en cuenta que el coste real de servicios como la sanidad o la educación es mayor en territorios muy extensos y poco poblados, demográficamente envejecidos y con dificultades orográficas, que otros con mucha más población articulada en grandes núcleos urbanos. Ese “coste efectivo y real” es el que, a juicio de los ocho presidentes, ha de ser el principal criterio que ha de primar a la hora de reformar el modelo, y “no solo, ni principalmente, el de la población”.
Esta es la gran diferencia respecto al bloque que lideran el socialista Ximo Puig (Comunitat Valenciana) y el popular Juanma Moreno (Andalucía), que se reunieron en septiembre en Sevilla también para hacer presión frente a Hacienda. Ambas comparten diagnóstico y demandas, igual que Murcia (Fernando López Miras, PP). No demasiado lejos de las tres, aunque con problemas concretos, se sitúa Baleares (Francina Armengol,PSOE).
Las ocho comunidades que se dan cita en Santiago este martes también recuerdan que todas las autonomías —y no solo las más pobladas— sufren un déficit de financiación, porque prestan los servicios esenciales del Estado del bienestar (sanidad y educación se comen la mayor parte del gasto) y estos tienen una mayor demanda por parte de la ciudadanía, lo que significa mayor desembolso económico. Señalan que si se quiere garantizar la suficiencia financiera del Estado del bienestar las comunidades han de representar «más del 28% del gasto público total» que suponen ahora, y ese esfuerzo «lo debe hacer el Estado». Los presidentes de estas ocho regiones remarcan que han de prestar «en condiciones de razonable igualdad los grandes servicios públicos esenciales», por lo que el modelo de financiación ha de atender ese coste del Estado del bienestar, y no, apuntan desde uno de los gobiernos socialistas, el impacto de la creación de las «embajadas o policías autonómicas, cuya fiesta debe quedar al margen del sistema general de financiación». Una apostilla que, sin embargo, quedará probablemente fuera del texto común precisamente para no alimentar la confrontación con otros territorios.
El texto estaba aún perfilándose en estas últimas horas, y por eso no estaba claro que se fueran a introducir demandas más coyunturales dirigidas al Gobierno como un nuevo fondo covid —Hacienda se niega porque entiende que ya ha reservado partidas suficientes para sanidad o educación a través de losPresupuestos Generales del Estado para 2022, que esta semana acabarán su trámite en el Congreso— o la protección del lobo. Pero la intención es apartar todos los elementos que sean fuente de conflicto. «No es el foro para tratar estos temas. No podemos abrir melones que nos lleven al desacuerdo —indican desde el equipo de un presidente socialista—. Estamos aquí para abordar una cuestión estructural como lo es la financiación autonómica, con una mirada larga para los próximos 10 años».
La reunión se prevé corta, de aproximadamente dos horas, porque, como recuerdan varios dirigentes consultados, las conclusiones están muy trabajadas y no han cambiado significativamente desde la cita de 2018. Sí se busca «concretar más cuestiones como la dispersión, el envejecimiento o el sostenimiento de la dependencia», y «enfatizar la defensa del Estado de las autonomías y del Estado del bienestar», pero poco más. «La política nacional ha subrayado el reto demográfico y la despoblación como desafíos a abordar, y ahora hay que ser coherentes: que se refleje en el nuevo sistema ese salto más cualitativo que cuantitativo», explican desde Castilla-La Mancha.
«Es para decir que estamos aquí, no tiene más», glosa un barón socialista, que insiste en que no se que quiere atizar el conflicto con Hacienda. La ministra María Jesús Montero sí había mostrado sus reservas sobre la cumbre de Santiago, advirtiendo a sus compañeros de que Feijóo realmente perseguía un «frente» contra el Ejecutivo dePedro Sánchez,pero sus reticencias se fueron mitigando. También porque los presidentes de Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja rubricaron que no tolerarían ninguna maniobra contra el Gobierno. Montero constató, en la reunión con los mandatarios socialistas en Ferraz del pasado 5 de noviembre, que sería imposible para el partido hablar con una voz única: cada uno primaría la defensa de los intereses de su territorio en el debate de financiación, aunque sí comparten una posición de mínimos. En el caso del PP, Génova no ha reunido a sus barones para esgrimir unas líneas básicas.
El siguiente paso será la presentación de la propuesta de población ajustada por parte de Hacienda. En principio, en este mes de noviembre. Hacienda, por lo pronto, quiere cerrar la carpeta de los Presupuestos —este jueves el pleno del Congreso acabará de votar el dictamen, que ya irá rumbo al Senado—, aunque advierte de que el ambiente aún no es el propicio para el acercamiento, por el choque entre comunidades y la actitud poco colaboradora delPP.
Algunos de los líderes socialistas que acuden a la cumbre de Santiago creen que una reunión como esta, con gobiernos de distinto color, puede ayudar a que se avance hacia un acuerdo, al superarse las fronteras ideológicas. Pero certezas no existen. «El modelo solo puede reformarse con un acuerdo de PSOE y PP», recuerda un presidente socialista, «y yo no veo a Pablo Casado dando esa baza a Pedro, dando oxígeno al Gobierno, y menos con la situación interna que tiene». Y es que la guerra en el seno de la formación conservadora, entre la dirección de Génova e Isabel Díaz Ayuso, es total y sin visos de una solución a corto plazo. Batalla que, como reconocen en la cúpula, frena la acción del partido.