PSC, PP y Ciutadans instan con matices a Mas a «cambiar de rumbo». El líder de los socialistas, Pere Navarro, se ofreció a Mas para que «se suba al autobús» de los socialistas a favor de una reforma conjunta de la Constitución.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, afirmó ayer que el «proceso continúa» pese a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la declaración soberanista aprobada por el Parlament hace un año. Una sentencia que, según Mas, es «grave» e «innecesaria», pero «estaba prevista». «A cada escollo hallaremos una solución para esquivarlo y sobrepasarlo», sentenció el presidente catalán durante la sesión de control en la Parlament, en la que reafirmó la apuesta por celebrar la consulta el 9 de noviembre de acuerdo con la legalidad.
Mas incidió en que es la primera vez que el Constitucional anula una declaración «política» de un parlamento autonómico, y subrayó que ante el «reto democrático» de la consulta se debe responder por «vía política y no con sentencias». No obstante, puso de manifiesto el resquicio que supone la interpretación constitucional del derecho a decidir. Al respecto, instó al Congreso a aprobar el 8 de abril la propuesta del Parlament de delegar la competencia para convocar y organizar consultas.
Por su parte, la vicepresidenta del Parlament, Anna Simó, consideró en nombre de la Cámara que la declaración de soberanía sigue «vigente», por lo que no la retirará.
Durante la sesión parlamentaria, PSC, PP y Ciutadans instaron con matices a Mas a «cambiar de rumbo». El líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, se ofreció a Mas para que «se suba al autobús» de los socialistas a favor de una reforma conjunta de la Constitución, un proceso para el que pidió «más inteligencia y menos testosterona». La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, retó a Mas a que tenga la «valentía» de acudir al Congreso para defender la consulta y le exigió que «respete» la sentencia y «dialogue en el marco de lo políticamente democrático». Por su parte, Albert Rivera, de Ciutadans, pidió a Mas que «recupere el norte» porque es «incompatible» ser presidente de la Generalitat y demócrata con «amenazar con dar un golpe contra la Constitución y el Estatut.
Desde otra perspectiva, el líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, dijo que el fallo pone de relieve que la consulta es una cuestión de voluntad política. Lamentó el fallo del Constitucional, que, en su opinión, ayuda a consolidar la idea de una especie de «democracia vigilada». Mientras, Oriol Junqueras, de ERC, aseguró que las instituciones catalanas no decaerán en la defensa de los derechos de los catalanes.
Una «comisión negociadora» integrada por el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, la vicepresidenta, Adela Asúa, y los jueces Juan Antonio Xiol, y Pedro González Trevijano consiguió fraguar la unanimidad con la que se expresó el Alto Tribunal en su sentencia sobre la declaración soberanista del Parlamento catalán, informaLA RAZÓN.Según este diario, esta especie de «comisión negociadora» logró salvar el principal escollo que era decidir si la declaración tenía efectos jurídicos. En principio, el debate sobre este asunto dividía a los magistrados.
LA VANGUARDIAapunta que estos cuatro magistrados negociaron y pactaron la sentencia. Según este diario, el acuerdo se cerró durante el viaje que De los Cobos, Xiol y Trevijano realizaron hace dos semanas a la República Dominicana.
Por su parte,EL PAÍSrefleja la opinión de distintos juristas que creen que la sentencia anima a abrir el diálogo. La magistrada Encarna Roca, que accedió al Constitucional con el apoyo de CiU y del PSOE, indicó ayer que hay una parte de la sentencia que se refiere al derecho a decidir que es «absolutamente correcta», pero que, en todo caso, este es un «problema político y de los políticos». El magistrado del Constitucional Pedro González-Trevijano afirma, en una entrevista enABC, que «la lealtad institucional implica acatar y respetar las resoluciones judiciales».
Sobre la sentencia del Constitucional también opinó ayer el responsable del Área Institucional del EBB, Koldo Mediavilla, quien «lamentó» el fallo porque «toma partido por un determinado modelo de Estado». Para el dirigente de EH Bildu Pello Urizar, «la sentencia es un desprecio absoluto a los catalanes». Por el contrario, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, cree «razonada y razonable» la sentencia del Constitucional. En esta línea, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, afirmó que «hay que aceptar las reglas del juego».


