Gran malestar en las unidades de policía judicial por una polémica circular que obliga a los agentes a informar con una semana de antelación de las detenciones e implicaciones de cargos públicos y registros en organismos oficiales
La Guardia Civil tendrá que informar al detalle de políticos investigados una semana antes de la operación en curso, una instrucción que generado malestar en el seno de unidades policiales. La circular la dio a conocer la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, durante la comisión de Interior. El Director General, Arsenio Fernández de Mesa dijo desconocer el contenido.Gran malestar en las unidades de policía judicial por una polémica circular de la Guardia Civil que obliga a los agentes a informar con una semana de antelación de las detenciones e implicaciones de cargos públicos y registros en organismos oficiales.Según esta instrucción de exigido cumplimiento, las unidades policiales tienen la obligación de informar al Director Adjunto Operativo – el Teniente General Cándido Cardiel – con una semana de antelación y hasta nueva orden de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación indicando, entre otros datos, implicaciones de cargos públicos y registros en sedes oficiales, dice textualmente esta circular interna en la Guardia Civil que despertó la polémica durante la comparecencia en la comisión de Interior de su director general Arsenio Fernández de Mesa.La orden la dio a conocer la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, que aprovechó la comparecencia de Fernández de Mesa para denunciar el contenido, el cual tacha de gravísimo, ya que podría vulnerar el secreto de las investigaciones judiciales. Fernández de Mesa dijo desconocer el contenido, le dio normalidad y negó que reclamar datos de políticos suponga interferencia alguna.Una orden insólitaLa circular ha provocado inquietud precisamente por tener que informar de políticos investigados antes de explotar operaciones. Consideran que se pueden poner en riesgo ciertas operaciones sensibles en la lucha contra la corrupción en las que la documentación incautada es clave para la instrucción y una filtración perjudicaría gravemente el transcurso de la misma.La circular, en curso desde el pasado mes de marzo, se trata de una orden sin precedente en el cuerpo. El modelo anterior incluía datos generales a efectos de coordinación pero no el detalle de afectados con nombres, apellidos y registros concretos que afecten a instituciones públicas.Alguna de estas fuentes asegura que puede obligar a los agentes a incurrir en posible delito de revelación de secretos de las investigaciones judiciales cuando hay secreto de sumario y preferirían incluso exponerse a un expediente disciplinario.Fuentes de Interior confirman que antes no existía esta orden por escrito aunque mantienen que la razón es de mera información.
VIA BENEMERITA AL DÍA
