Los sindicatos del Gobierno regional convocan el jueves una manifestación. La movilización partirá a las 18 horas de Delegación del Gobierno y concluirá frente a la sede del Ejecutivo autónomo en Peñaherbosa
Los sindicatos de la Administración general del Gobierno de Cantabria (UGT, SIEP, CCOO, CSIF, TU y USO) invitaron hoy a “toda la ciudadanía” de la región a secundar el próximo jueves 21 de marzo una manifestación por las calles de Santander en contra del deterioro de los servicios públicos, que partirá a las 18 horas de la Delegación del Gobierno y concluirá su recorrido frente a la sede del Ejecutivo autónomo en la calle Peñaherbosa.
Según precisó en rueda de prensa Guillermo del Corral, representante de UGT en la Administración general del Gobierno de Cantabria, que cuenta con una plantilla de unos 5.500 empleados públicos (no incluye personal de educación y sanidad), el motivo de la manifestación “es denunciar y volver a denunciar el pertinaz y grave deterioro en los servicios públicos que, vía leyes y hechos, están ocasionando las políticas del Gobierno regional y el de España”.
Según precisó Del Corral, tanto el Gobierno español como el regional aplican “contumaces políticas de adelgazamiento del sector público que están provocando unas condiciones de trabajo insoportables en muchas unidades y servicios y una mala prestación de la atención a la ciudadanía en ámbitos tan sensibles como la dependencia o en la lucha contra los incendios forestales”.
El representante de UGT, que ejerció de portavoz de todos los sindicatos del Gobierno regional, rechazó que esas políticas en lo público se basen en “despidos y no renovaciones de trabajadores temporales, tanto interinos como laborales, que junto a ofertas públicas de empleo anoréxicas o simplemente inexistentes, no cubren ni de lejos la pérdida vegetativa de puestos de trabajo”.
En este sentido, los sindicatos calculan que en la Administración general del Gobierno regional se produce cada año una media de 150 jubilaciones cuyas vacantes se han dejado de cubrir “en perjuicio del empleo y la calidad de los servicios públicos”.
Por el contrario, Del Corral criticó que mientras el Gobierno promulga leyes y reales decretos que “lesionan” derechos adquiridos de los empleados públicos y “se jibarizan las ofertas públicas de empleo”, aumentan las contrataciones externas, las asistencias técnicas, los becarios y los recursos a empresas públicas y privadas, potenciando un terreno de juego donde siempre tiene cabida el clientelismo político”.
Paganos de la crisis y estigmatizados
“Desaparecen, por vía de los hechos, los concursos de traslado y mérito y se aumentan al mismo tiempo las comisiones de servicio a dedo, sin publicidad, sin criterios objetivos y de duración indeterminada, lo que está provocando una notable desmotivación de los empleados públicos”, agregó el portavoz de los sindicatos representativos en la Administración general del Gobierno regional.
Del Corral reprobó que “los empleados públicos hemos sido los grandes paganos de esta crisis, soportando, al tiempo que se nos recortaba salarios y derechos, la demonización y el estigma de privilegiados por parte de quienes tienen el deber de cuidar la imagen de los empleados públicos”.
El sindicalista recordó que los empleados públicos han perdido un 60,5% de su poder adquisitivo en los últimos 30 años, más de un 18% desde junio de 2010, tras matizar que “parte de esta merma salarial se produjo en años de bonanza económica y con la compensación en especie con los denominados moscosos y canosos que ahora también se nos quitan”.
“Este quebranto económico está ocasionando serios problemas en muchas familias y, además, para ver que no sirve para nada ni para salir de la crisis, tal y como ha sucedido con la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad que ha ayudado a mermar el consumo y a generar indirectamente más paro”.
Sin negociación colectiva
Los sindicatos acusaron también al Gobierno de Cantabria de “ningunear a los representantes legales de los trabajadores, huyendo de los órganos de negociación e imponiendo condiciones de trabajo a los empleados públicos a golpe de leyes y decretos, como ha sucedido recientemente con la modulación de los complementos por incapacidad o con el disfrute de vacaciones ya aligeradas”.
En este sentido, Del Corral rechazó que el Gobierno regional “nos escamotea hasta la necesaria información sobre la concreción del Plan de Racionalización de Edificios Públicos que se está ultimando con un secretismo incompatible con las consecuencias que va a generar no sólo en los empleados públicos, sino también en la ciudadanía en general”.
El sindicalista citó como ejemplo “inminente” de ello el traslado de “consejerías enteras con mucho personal, como el previsto de la de Ganadería y Montes al Parque Científico y Tecnológico, del que no tenemos información alguna”.
