Los procuradores cántabros: «El Real Decreto de Justicia no nace desde el consenso; tiene un carácter unilateral»

La exigencia de compromiso y sacrificio a la Procura y a la Abogacía, “debería ir acompañada del mismo compromiso y exigencia al resto de los operadores jurídicos”
El Colegio de Procuradores de Cantabria ha moestrado su rechazo frontal a las medidas acordadas en el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia “por inefectivas, inoportunas y lesivas de derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna”.
Los procuradores señalan que el decreto “no nace desde un consenso de los diversos operadores jurídicos, sino que tiene un carácter básicamente unilateral”.
“No se aborda con carácter inmediato la resolución de los problemas más acuciantes que aquejan a la Administración de Justicia, que se vienen denunciando desde hace años, y que la desgraciada crisis sanitaria no ha hecho más que evidenciar. Una Administración que se ha visto incapaz de dotar de medios materiales y humanos para que el teletrabajo se desarrollase en condiciones de cuasi normalidad”, han expuesto.
La habilitación parcial del mes de agosto “pone de manifiesto el evidente desconocimiento por parte del Ministerio sobre el funcionamiento real de los órganos judiciales, constituyendo una medida que carece de la más mínima eficacia si no va acompañada de una serie de medidas organizativas en cuanto al régimen de vacaciones y permisos de jueces, LAJ y funcionarios de la Administración de Justicia”.
Por otro lado, han criticado que se pretende es que el ciudadano perciba que una Administación abierta en el mes de agosto es una administración que trabaja, es necesario desvirtuar dicha percepción, ya que la Justicia trabaja todo el año sin descanso, a pesar de la palpable descoordinación en los periodos de descanso y trabajo de los operadores jurídicos que intervienen en ella , lo que origina una falta de fluidez en las actuaciones y resoluciones generadas a lo largo del año”.
Otro exponente de la incoherencia de las medidas acordadas “es la ampliación de los plazos fijados para los recursos de las resoluciones que ponen fin a los procedimientos al poder retrasar, dependiendo de la resolución en cuestión, hasta en cuarenta días habiles la tramitación de un asunto, lo que en la práctica lleva aparejada una demora en la respuesta que los justiciables pretender obtener al acudir a los tribunales en ejercicio de su derecho a la Tutela Judicial efectiva recogido en el art. 24 de la Constitución.
La adopción de una medida que suponga la conculcación del derecho al descanso recogido en la CE y en la Declaración Universal de Derechos Humanos a sabiendas de que la misma no contribuirá lo más minimo a la agilización de la actividad judicial constituye “una severa temeridad y una palmaria ausencia de respeto hacia un colectivo que en todo momento se han mostrado colaborativo y deseoso de que la grave situación en la que nos vemos sumidos por el COVID-19 tenga una menor repercusión en el funcionamiento de la Administación de Justicia”.
La exigencia de compromiso y sacrificio a la Procura y a la Abogacía, “debería ir acompañada del mismo compromiso y exigencia al resto de los operadores jurídicos”.
Los porcuradores tampoco entienden que “mientras se habilitan jornadas de mañana y tarde para vistas en los juzgados, por otro lado se reduzca la jornada laboral de determinados colectivos a 30 horas semanales, lo que parece a todas luces incomprensible en lo que se ha dado a llamar “medidas de agilización judicial” y que con una simple lectura de las mismas paracen estar destinadas a conseguir el fin opuesto al inicialmente pretendido”.
El Colegio considera necesaria una urgente reincorporación del 100% de las plantillas, con las oportunas y preceptivas medidas de seguridad y protección establecidas por la normativa vigente.
De mantener la habilitación parcial del mes de agosto, “a buen seguro nos toparemos con el escenario habitual de los últimos años de juzgados casi paralizados durante los meses de julio, septiembre, diciembre y enero”
Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno del IPC ha decido lo siguiente:
–          Elevar al Ministro de Justicia la solicitud de que se deje sin efecto la medida de habilitación parcial del mes de agosto por innecesaria e ineficaz, además de atentatoria contra el derecho al descanso recogido en la CE y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
–          Elevar al Ministro de Justicia la solicitud de que de inmediato se adopte el acuerdo de alzar los plazos procesales interrumpidos, sin que sea de aplicación la ampliación por igual periodo de los plazos establecidos para recurrir las resoluciones que pongan fin a los procedimientos.
–          Elevar al Ministro de Justicia la solicitud de la inmediata puesta en marcha de la actividad judicial paralizada, con la incorporación de la plantilla adscrita a los juzgados y Tribunales y con el horario legalmente establecido de 37 horas semanales.
-Elevar queja al Defensor del Pueblo, para que promueva Recurso de Inconstitucionalidad de forma urgente y preferente contra el Real Decreto Ley 16/2020, por disponer, la habilitación del mes de agosto, lo que conlleva un grave quebranto del efectivo derecho de los Procuradores al descanso, mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas, que según el artículo 4.2 deben fomentar las políticas de los poderes públicos así como un evidente menoscabo del Derecho de nuestro colectivo a la conciliación de la vida familiar y profesional recogido en la ley.