Fernández, ha explicado que el PP ha tomado esta decisión considerando el «apoyo» ofrecido por Revilla que «ofreció su firma y apoyo al Grupo Popular para instar al Gobierno a llevar a los tribunales a Marcano y a Agudo»
El Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria va a plantear a socialistas y regionalistas un acuerdo para que les acompañen en su petición al Gobierno de Cantabria de que estudie emprender acciones judiciales contra los ex consejeros de Deporte y Economía, Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE), por su actuación en la operación de compra-venta de las acciones del Real Racing Club, de modo que no sea un planteamiento «exclusivo» del Partido Popular, sino «un acuerdo de la Comisión de Investigación de CANTUR en su conjunto».
El diputado regional y portavoz del PP en dicha Comisión, Iñigo Fernández, ha explicado esta mañana en rueda de prensa que el grupo parlamentario Popular ha tomado esta decisión considerando el «apoyo» ofrecido por el ex presidente cántabro y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación el pasado viernes, donde «ofreció su firma y apoyo al Grupo Popular para instar al Gobierno de Cantabria a llevar a los tribunales a Marcano y a Agudo».
En este sentido, Iñigo Fernández ha señalado que en esta propuesta el Partido Popular espera obtener el apoyo de ambos grupos de la oposición, pero en especial de los regionalistas, puesto que su propio secretario general insistió «una y mil veces» en su comparecencia ante la Comisión en que «si el PP estaba decidido a llevar este asunto a los tribunales, podíamos contar con su firma y con su apoyo», ha subrayado Fernández.
El diputado regional ha puntualizado durante la rueda de prensa que el Grupo Popular no insta al Gobierno de Cantabria a emprender acciones legales contra los ex consejeros del Ejecutivo PRC-PSOE por haber mentido a la Comisión sino, por un lado, por el importante «quebranto económico» que se ha producido para CANTUR y las arcas regionales con la operación de compra-venta de las acciones del Racing y, por otro, por las «contradicciones» en las declaraciones de López Marcano, Agudo y Revilla acerca de cómo se adoptaron esos acuerdos y acerca de quiénes son los responsables.
Así, Iñigo Fernández ha explicado que CANTUR y los intereses públicos de Cantabria sufrieron un «quebranto» en la operación de compra-venta del Racing en «dos actos».
En primer lugar, se perdieron 1,2 millones de euros en el traspaso de la deuda de Dumviro Ventures (propiedad de Jacobo Montalvo) a WGA Sports, ya que la deuda que Dumviro tenía con la empresa pública CANTUR ascendía de 7,7 millones de euros, pero la deuda que finalmente se firma con WGA Sports (de Ahsan Ali Syed) se redujo a 6,5 millones.
En segundo lugar, la cancelación «sin suficientes garantías de cobro» de la prenda que el Gobierno tenía sobre las acciones dio lugar a un perjuicio de 5 millones de euros, que CANTUR sigue sin cobrar. Según ha recordado Fernández, esta pérdida de las garantías de cobro se produjo pese a la advertencia de sus «riesgos» por parte del despacho de abogados que asesoraba al Gobierno en esta operación y «pese a que no existía informe de solvencia del comprador», teniendo en cuenta que el informe que se había solicitado correspondía a una empresa de Ali Syed radicada en Bahrein y la firma se produjo con otra empresa radicada en Ámsterdam.
A este quebranto económico para el interés público habría que añadir, según ha advertido Fernández, la diferente versión de los hechos ofrecida por los responsables de la operación, los ex consejeros Francisco Javier López Marcano y Ángel Agudo, en sus comparecencias ante la Comisión de Investigación.
Mientras el ex titular de Deporte sostiene que los acuerdos se adoptaron en el Consejo de Gobierno, Ángel Agudo dice que no. «No sólo dan versiones contradictorias, sino que es evidente que uno de los dos miente», ha censurado Fernández, quien ha señalado que Revilla, por su parte, dijo no recordar que el Consejo de Gobierno adoptara un acuerdo en ese sentido.
Por ello, según ha sentenciado Iñigo Fernández, es preciso remitir este expediente al Juzgado para que sea un juez el que determine «si hubo delito o fraude en las decisiones que dieron lugar a ese quebranto económico para el interés público», así como «quién o quienes fueron los responsables» del mismo.
«Vamos a ver si también son capaces de mantener versiones contradictorias ante el juez», ha apostillado el diputado del PP, quien ha dicho que se puede aceptar «un error, un olvido o una fecha que baila», pero no contradicciones en un «asunto tan central» como saber qué órganos acordaron levantar la pignoración de las acciones o quién encomendó al entonces responsable del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Luis Egusquiza, negociar la deuda del Racing con CANTUR.
En este sentido, Fernández ha detallado que como consecuencia de este quebranto económico pudieran derivarse responsabilidades penales o, en su defecto, patrimoniales. Si bien ha señalado que serán los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria quienes se encarguen de estudiar qué vía debe plantearse.
El Grupo Popular registrará mañana martes la propuesta de acuerdo que, según ha precisado Fernández, se debatirá cuando lo establezca la Mesa de la Comisión, lo que posiblemente no sea antes del viernes dado que el calendario de comparecencias esta semana está «muy ajustado».
No obstante, a preguntas de los periodistas, Iñigo Fernández ha aseverado que el PP está «abierto» a que los ex consejeros comparezcan de nuevo si quieren aclarar las contradicciones en las que, desde su punto de vista, han incurrido, aunque ha advertido de que no sería aceptable que volviesen a la Comisión para «negarse» a contestar o para remitir a las explicaciones de Agudo, «como hicieron» López Marcano y Revilla en sus respectivas comparecencias.
A su juicio, tanto los dos ex consejeros como el ex presidente, no acudieron a la Comisión para dar explicaciones políticas, sino que entendieron los trabajos de la Comisión como «antesala de un problema judicial», por lo que «más que una defensa política» de la actuación del anterior Gobierno, hicieron «una defensa jurídica», tratando cada uno de «evitar su propia responsabilidad».
