Los miembros afines a UGT y PSOE del «comité de sabios» no apoyan la reforma de pensiones

La Comisión de expertos pide que el Gobierno adelante al 2014 la edad de jubilación de 67 años y el aumento de los años para calcular la cuantía y del mínimo de 38,5 años de cotización.
El comité de doce expertos al que el Gobierno pidió su opinión sobre la reforma del sistema de pensiones ha aprobado su informe definitivo con un voto en contra y una abstención, además de con tres votos particulares aunque el consenso ha resultado imposible.
Los miembros afines al PSOE y la UGT han roto el acuerdo entorno al documento final sobre el factor de sostenibilidad. Santos Ruesga ha votado en contra y José Luis Tortuero se ha abstenido. Sin embargo lo más significativo es que el técnico de CC.OO, Miguel Ángel García Díaz, ha suscrito la propuesta aunque con un voto particular.
Este resultado permite anticipar que el Gobierno podrá contar con el apoyo de Comisiones Obreras para poner en marcha la reforma de las pensiones. Sin embargo, la discrepacia de los socialistas previsiblemente se escenificará de nuevo en el Pacto de Toledo. Comisiones, que organizó la primera huelga general contra las pensiones en 1979 (cuando se “compraban” las pensiones con los dos últimos años de cotización), posteriormente rectificó sus planteamientos y desde entonces siempre ha defendido la necesidad de reformar el sistema público para garantizar su estabilidad y su futuro.
El “factor de sostenibilidad” consta de dos fórmulas. La primera recoge los criterios para actualizar las pensiones. Para ello se tomarán como referencia once años. Los cinco previos al ejercicio en curso, el año de referencia y una proyección de los cinco siguientes. Si la media de ingresos en dicho periodo es superior a la media de gastos, las pensiones pueden aumentar (siempre con el tope del incremento del IPC). Pero en el caso en que los gastos superen a los ingresos, el Gobierno debería congelarlas o retocarlas a la baja.
La segunda fórmula que está vinculada a la esperanza de vida -que cada 8 años aumenta en uno-. Esto significa que la edad de jubilación se irá ajustando en función de estos cambios.
Aplicación gradual
El Gobierno se ha planteado la aplicación del citado factor en dos fases. En una primera entraría en funcionamiento la fórmula que vincula la revalorización de las prestaciones a la evolución de la economía. Dado que las pensiones subieron el 1% este año y la inflación quedará por debajo de esta cifra, los actuales pensionistas no notarán los cambios en sus prestaciones. La fórmula tiene un tope para que las actuales pensiones no sufran bajadas en términos nominales.
La segunda fórmula, que tiene en cuenta la evolución de la esperanza de vida se demoraría hasta 2019. Sin embargo, estos planes tienen que recibir la aprobación de la Bruselas, que ha urgido la aplicación inmediata de medidas para contener el gasto que ya supera el 10% del PIB y se ha convertido en la principal amenaza para reducir el déficit público.
El comité de expertos designado por el Gobierno para diseñar el factor de sostenibilidad que garantice el futuro del sistema de pensiones ha propuesto que sólo aumenten si los ingresos del sistema suben por encima de la tasa de crecimiento real del número de pensiones. Además, la cuantía de las futuras prestaciones estará vinculada a la esperanza de vida.
En concreto, el informe de los expertos diseña un factor de revalorización anual (FRA), que desvincula el crecimiento anual de las pensiones del IPC y lo liga al ciclo económico, entre 11 y 13 años. La comisión recomienda que este factor comience a aplicarse a los pensionistas actuales dentro del periodo 2014-2019. No obstante, el comité considera que la prestación de los pensionistas actuales nunca disminuirá nominalmente por la aplicación de este factor, con lo que en el peor de los caos, en «situaciones excepcionales», quedaría congelada, según explicó en rueda de prensa uno de los doce expertos, Rafael Doménech.
El mecanismo de revalorización también se sustenta en el factor de equidad intergeneracional (FEI), que permite adaptar el cálculo de la pensión de los nuevos jubilados al aumento de su esperanza de vida respecto a la que tenían quienes se jubilaron con la misma edad en un momento anterior. En este caso, los expertos recomiendan su aplicación sólo a los futuros jubilados dentro del periodo 2014-2019, no a los actuales.
Según el informe, la aplicación del FEI implicará un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial de alrededor del 5% cada diez años, como consecuencia de que la prestación se disfrutará durante más tiempo al aumentar la esperanza de vida. El FEI se aplicaría una única vez a los nuevos jubilados en el cálculo de su primera pensión.
El presidente del comité de expertos, Víctor Pérez-Díaz, dejó claro que se trata de «una propuesta» y que ahora se abre «un horizonte de decisiones políticas». El informe contó con 10 votos a favor, uno en contra del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos M. Ruesga, y la abstención del catedrático de Derecho del Trabajo José Luis Tortuero. Estos últimos han presentado votos particulares al texto, al igual que el responsable Económico de CCOO, Miguel Ángel García Díaz, quien, no obstante, ha votado a favor del texto. García Díaz propuso que la entrada en vigor de los dos componentes del factor de sostenibilidad no se ponga en marcha hasta 2019.
CCOO salió al paso del apoyo de su delegado al informe. En un comunicado, recalca que dicho informe «no vincula» al sindicato, que reivindica el acuerdo de la reforma firmado en 2011 que trasladaba el factor de sostenibilidad a 2027. Por parte de UGT, Cándido Méndez pidió «prudencia» al Gobierno ante el «doble recorte» que plantea el documento. Desde el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba reclamó que no se utilice la crisis como «coartada» para iniciar una nueva reforma de las pensiones y advirtió de que los socialistas no estarán si no cuenta con el «consenso» de los agentes sociales. Mientras, IU ve «inaceptables y orientadas a favorecer los planes privados de pensiones» las conclusiones del informe. Por su parte, Duran Lleida, de CiU, dijo que su formación estudiará «con calma» el documento.
EL PAÍSdice que «los expertos dejan el diseño de las pensiones en manos de la política». «Reforma de las pensiones ‘lo antes posible'», titulaEL MUNDO. Por su parte,ABCsubraya que «el nuevo sistema blindará a los actuales pensionistas». Al respecto,LA RAZÓNapunta que «los expertos garantizan que las pensiones no caerán en recesión».CINCO DÍASseñala que «la actualización de las pensiones podrá congelarlas pero no bajarlas». Mientras,EL PERIODICOhabla de «pensiones tobogán», ya que las prestaciones, según el diario, podrán subir o bajar cada año en función de los ingresos de la Seguridad Social.LA GACETAresalta que las pensiones subirán «si suben los ingresos», mientras queEL ECONOMISTAdice que el informe «prevé que caiga su poder adquisitivo desde 2014». Desde otra perspectiva,LA VANGUARDIAdestaca que el informe queda «sin el apoyo de PSOE y UGT».
EL PAÍS 23,24/EL MUNDO 1,36,37/ABC 1,36-38/LA VANGUARDIA 52,53/EL PERIÓDICO 1,2-5/LA RAZÓN 1,10,11,13/LA GACETA 17/CINCO DÍAS 1,6/EL ECONOMISTA 1,47
EL INFORME DE LOS EXPERTOS
Elcomité de doce expertosal que el Gobierno pidió su opinión sobrela reforma del sistema de pensionesha aprobado su informe definitivo con un voto en contra y una abstención, además de con tres votos particulares.
Fuentes próximas al comité han explicado que el catedrático de Economía Aplicada Santos Ruesga ha votado en contra y el catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social José Luis Tortuero se ha abstenido, ambos cercanos a UGT y al PSOE.
Los dos han emitido asimismo sendos votos particulares con observaciones al texto, en tanto que el tercer voto particular ha sido del licenciado en ciencias económicas y empresariales Miguel Ángel García Díaz, cercano a CCOO.
La última reunión del comité ha concluido este viernes después de varias semanas de deliberaciones en las que surgieron discrepancias en torno a la fórmula de actualización de las pensiones, que la mayoría proponía desligar del IPC, y al ajuste de la cuantía de la pensión conforme a criterios demográficos.
Este mediodía, la vicepresidenta del Gobierno,Soraya Saénz de Santamaría, evitó pronunciarse sobre la propuesta delcomité de expertospara reformar laspensionesporque los especialistas seguían debatiendo el documento durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Santamaría dijo que la comisión delPacto de Toledoes el «marco para mantener la estabilidad y garantizar un sistema que tiene que perdurar durante varias generaciones».
Según el borrador delinformesobre las pensiones redactado por el presidente del comitéVíctor Pérez Díaz, las pensiones del futuro estarán vinculadas a la esperanza de vida y a los ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social y no al IPC, como hasta ahora, lo que supondría un recorte entre el 7 y el 10%, según algunos expertos. También propone que el Gobierno adelante al 2014 la edad de jubilación de 67 años y el aumento de los años para calcular la cuantía de la pensión y del mínimo de 38,5 años de cotización para acceder a la jubilación.
El Gobierno deberá ahora remitir el documento a la comisión del Pacto de Toledo que lo estudiará y pedirá la comparecencia de sus defensores y sus detractores.
El secretario general de UGT,Cándido Méndez, ha expresado su «preocupación» por las propuestas de la mayoría de los expertos por que suponen un “cambio sustancial” en el sistema de pensiones «imponiendo, a través del factor de sostenibilidad , un doble recorte» según evolucione la demografía y los ingresos. «Por primera vez en la historia, los cambios afectarán a los actuales y a los futuros pensionistas», ha señalado.
El líder deUGTha hecho un llamamiento al Gobierno para que sea «prudente» y «reoriente» los cambios en el Pacto de Toledo y a través del diálogo social.