Previsto en la Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad
El Gobierno de Cantabria y las entidades más representativas del sector han formalizado esta mañana la constitución del Consejo Autonómico de la Discapacidad, un órgano colegiado consultivo que contribuirá a la promoción de los derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad, así como a la mejora de su calidad de vida.
A través de este órgano, previsto en la Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se institucionaliza la colaboración entre las organizaciones sociales que representan a las personas con discapacidad y la Administración autonómica.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha presidido el acto de constitución celebrado en la sede del ICASS, en el que ha destacado la importancia de este Consejo como “un instrumento para dar soluciones específicas a las personas con discapacidad en cada una de las etapas de la vida y con una visión integral”.
En este sentido, ha defendido que “para conseguir la plena integración es necesario prestar una atención globalizada que abarque el entorno familiar, el escolar, el laboral y el social, de forma que con cada persona se desarrolle un itinerario personal ajustado a sus intereses, necesidades y capacidades con el objetivo de favorecer su promoción personal e integración social”.
En su intervención, Ana Belén Álvarez ha hecho suyas unas palabras manifestadas recientemente por el poeta Luis García Montero, en las que, partiendo de la definición que hace el diccionario de la discapacidad, reflexiona acerca de las limitaciones que tenemos “todas las personas” para el desarrollo de algunas actividades, por lo que manifiesta su incomprensión ante la apatía que algunas personas muestran ante las restricciones.
“La discapacidad es una manifestación más de la diversidad humana, que una sociedad integradora y abierta ha de acoger como elemento de valor”, ha defendido la consejera.
Junto a la Administración autonómica, forman parte del Consejo de la Discapacidad las entidades CERMI, Plena Inclusión, Padre Menni, Obra San Martín, así como representantes del diálogo social (CEOE-Cepyme, CC.OO y UGT).
El Consejo Autonómico de la Discapacidad
El Consejo se rige por la Ley de Cantabria, de diciembre de 2018, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por el Decreto de mayo de 2021 que regula el Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad de Cantabria.
Entre las funciones del Consejo está velar por el cumplimiento de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la adaptación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria a las disposiciones contenidas en ella; asesorar sobre medidas para la inclusión social, incorporando el principio de transversalidad, y presentar a las administraciones públicas las propuestas e iniciativas oportunas en el marco de las políticas públicas que les afecten.
También entre sus funciones está conocer y ser oído en relación con los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria que puedan afectar a las personas con discapacidad, que tengan rango de Ley y las disposiciones de carácter general con forma de decreto, especialmente los que se dicten en desarrollo de la normativa de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad.
Igualmente, promoverá acciones de recopilación, análisis, elaboración y difusión de información sobre necesidades y realidades, normativa, programas y recursos, en ejecución o en proyecto, que afecten a las personas con discapacidad e impulsar actividades de investigación, formación, innovación, ética y calidad en el ámbito de la discapacidad.
El Consejo realizará el seguimiento y evaluación de las líneas generales de actuación que se desarrollen en materia de atención a personas con discapacidad, podrá presentar iniciativas en relación a los fondos para la inclusión de medidas transversales de discapacidad en los diferentes ámbitos, así como emitir dictámenes e informes, de carácter preceptivo y no vinculante, sobre aquellas iniciativas relacionadas con el objeto del Consejo que se sometan a su consideración.
