Se estima que hay cerca de tres millones de contadores en esta situación en toda España. Su sustitución supondrá ahorros del 15% en la factura anual
El pasado 24 de febrero, el Gobierno publicó la Orden Ministerial ICT/155/2020, que obliga a cambiar, entre otros instrumentos de medición, los contadores de agua fría y caliente con más de 12 años de antigüedad. Una exigencia que afectará, según ista, empresa de servicios de medición de consumos de energía y agua, a más de 14.752 contadores en Cantabria.
Esta medida, que ya se aplica en otros países de la Unión Europea como Alemania, facilitará el control del gasto y reducirá los posibles errores de medición en unos aparatos que normalmente tienen una vida útil de cinco o seis años. Como novedad,esta norma establece quelos contadores de agua que se estropeen, deberán ser sustituidos por otros nuevos, no siendo posible su reparación.
Esta sustitución permitirá, además, un mayor ahorro económico en los hogares de los cántabros. “Debemos de tener en cuenta que una familia media gasta unos 225 euros al año en agua. Al sustituir los contadores antiguos por otros con una medición equilibrada se pueden lograr ahorros de hasta el 15%, esto es, unos 35 euros”, sostiene Ignacio Abati, director general de ista.
Según los datos de la compañía, en nuestro país hay un total de tres millones de contadores de propiedad particular que tienen una antigüedad superior a los 12 años, de los cuales, 117.816 están en Cataluña.“Si el propietario de una vivienda es además propietario de su contador divisionario, será el responsable de cumplir con esta obligación. Para ello cuenta con un periodo de adaptación de cinco años, aunque también puede delegar esta responsabilidad en un gestor”, afirma Abati.
El incumplimiento de estas obligaciones podría acarrear multas de hasta 5.000 euros, tal como establece la Ley de Metrología de 2014, aunque el Gobierno ha matizado que sería una sanción desproporcionada para un particular.
La aprobación y puesta en marcha de esta Orden Ministerial facilita la modernización de los equipos de medición, mejorando las lecturas y la adopción de medidas que permitan el ahorro energético.
Para su aplicación en todo el territorio nacional, el Gobierno central dará un plazo de cinco años, al término de los cuales se habrán tenido que sustituir todos los equipos.
