Leticia Díaz recibe una placa del Colegio de Procuradores que reconoce la labor del Gobierno de Cantabria

La consejera de Presidencia y Justicia ha agradecido este honor, deseando que termine la incertidumbre que vive este colectivo como consecuencia de la próxima Ley de Servicios y Colegios Profesionales
Leticia Díazy el Director general de Justicia, Ángel Santiago Ruiz, han recibido esta tarde sendas placas del Colegio de Procuradores que reconoce la labor del Gobierno de Cantabria en la defensa de la profesión de procurador. En este mismo acto ha sido nombrado colegiado de honor, Cesar Tolosa Tribiño, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
La consejera de Presidencia y Justicia ha agradecido el reconocimiento del Colegio de Procuradores, al tiempo que ha subrayado «la lucha por una causa justa» de este colectivo profesional. También ha destacado el trabajo del Gobierno de Cantabria en las reuniones sectoriales de Justicia, de ámbito nacional, en la búsqueda de este objetivo.
Desde el Consejo General de Procuradores de España, su Presidente, Juan Carlos Estévez-Fernández Novoa, así como el Decano del Colegio de Procuradores de Cantabria, Dionisio Mantilla, han agradecido al Gobierno de Cantabria, en la figura de su presidente, Ignacio Diego, y de la consejera de Presidencia y Justicia, su esfuerzo «para que no se menoscabe en modo alguno la labor de los procuradores». Por ello, el colegio entregará al Presidente del Gobierno una distinción en reconocimiento por su determinación en la defensa de este colectivo profesional.
En el mismo acto se ha entregado un diploma conmemorativo a los seis colegiados que han cumplido 25 años en el ejercicio de la profesión.
La Consejera LeticiaDíazha participado en esta celebración con ocasión de la fiesta patronal junto al Director general de Justicia, Ángel Santiago Ruiz; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa; el Fiscal Superior de Cantabria, José Ignacio Tejido, representantes del Consejo General de Procuradores y otras autoridades del poder judicial, ministerio fiscal y los colegios profesionales de notarios, abogados y registradores.