El consejero de Desarrollo Rural expone, durante un encuentro telemático organizado por La Nueva España, la postura de Cantabria ante el nuevo periodo de programación
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha defendido hoy una postura orientada hacia una Política Agraria Común (PAC) “más equitativa y justa” que supere los desequilibrios entre territorios con el fin de superar los derechos históricos y avanzar hacia un tratamiento equitativo de las explotaciones adaptado a su realidad actual.
“Es fundamental que en las próximas negociaciones en las que se van a abordar asuntos espinosos y de calado, como el de la convergencia plena, se pongan encima de la mesa cada una de las circunstancias del sector productivo de la Cornisa Cantábrica, de carácter eminentemente ganadero, con un porcentaje de la superficie con derechos muy inferior a la media española”, ha subrayado Blanco.
Partidario de aplicar medidas correctoras que permitan corregir las divergencias existentes en el porcentaje de la superficie con derechos de ayuda, el titular de Desarrollo Rural ha advertido que, si no se corrigen los actuales desequilibrios, “la convergencia, en vez de convertirse en un instrumento de justicia y equidad, puede ser el verdugo de los sistemas productivos de la España Verde”.
Blanco ha realizado estas afirmaciones durante su participación en la webinar ‘La Cornisa Cantábrica ante la nueva PAC’, organizada por La Nueva España, y en la que también han participado sus homólogos de Galicia, Asturias y el País Vasco.
Durante su intervención, Blanco ha considerado que Cantabria no puede quedar al margen del debate sobre los objetivos de la nueva PAC y sus propuestas de reforma, ya que “nuestro sector agroalimentario se puede ver profundamente afectado, al igual que el desarrollo de nuestras zonas rurales, en función de las estrategias finalmente planteadas”.
Por ello, ha señalado que es “fundamental” que Cantabria, al igual que el resto de comunidades autónomas, establezca sus necesidades y sus planes de desarrollo para lograr “el encaje deseable” en el plan estratégico que defina el Gobierno de la Nación.
En este sentido, ha recordado que la postura de Cantabria es la de una defensa de una PAC “fuerte” que tenga en cuenta las peculiaridades del sector primario de la Cornisa Cantábrica y que recoge cuestiones de especial relevancia, tales como la definición del agricultor genuino, las condiciones de la ayuda básica a la renta, de las ayudas asociadas, del pago redistributivo, los ecoesquemas y las medidas de desarrollo rural.
El sector agrario eminentemente ganadero y fundamentado en explotaciones familiares enclavadas en zonas de montaña o con limitaciones naturales precisa, según Blanco, de una PAC que promueva un “auténtico” equilibrio en la cadena de valor de los productos agroalimentarios; el mantenimiento de pagos directos para sostener las rentas; una distribución más equilibrada de los pagos directos, y la defensa de un modelo de explotación agraria familiar; la garantía del relevo generacional.
También la defensa del agricultor genuino y de las zonas de montaña; la simplificación legislativa y administrativa; el impulso a la investigación y la innovación; la apuesta por la producción de alimentos de calidad, y el impulso del desarrollo rural, basado en políticas de protección del medio ambiente y en la diversificación.
El consejero ha aprovechado la ocasión para mostrar su inquietud por el rumbo que está tomando la definición del futuro plan estratégico de la PAC y el papel que desempeñará el modelo productivo de la Cornisa Cantábrica, así como las explotaciones ganaderas familiares, el sector lácteo y los pastos de alto valor medioambiental de la Cornisa Cantábrica.
“Nos preocupa dónde encaja la España Verde en el diseño que se está proponiendo, nuestras montañas y sistemas productivos tradicionales que son mantenidos por ganaderos profesionales y la posibilidad de que la figura del agricultor genuino quede diluido al recibir menos apoyo que en el actual periodo”, ha afirmado Blanco.
Del mismo modo, ha mostrado su preocupación por que Cantabria “no se vea realmente representada” en un plan que “entendemos que debe ser para todos”, y en el que no tienen cabida los productores lácteos o en los futuros ecoesquemas, los cuales supondrán un mínimo del 20% de las ayudas directas.
Ha defendido la apuesta por la innovación tecnológica y la digitalización del sector primario, por lo que ha asegurado que Cantabria tratará de orientar las inversiones de los productores a las medidas de innovación que plantea la nueva PAC para poder facilitar y agilizar los controles y los pagos.
Finalmente, ha rechazado la propuesta de utilizar fondos de la nueva PAC para indemnizar a los ganaderos por los daños que el lobo ocasiona al sector y ha sido tajante al expresar la postura de Cantabria respecto a los problemas que supondrá la inclusión del lobo ibéricoen el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
“Lo único que van a conseguir es que los ganaderos abandonen su actividad y la gente se vaya de sus territorios. Nosotros no lo vamos a permitir de ninguna de las maneras”, ha opinado Blanco, quien ha insistido en que Cantabria “no queremos acabar con esta especie, sino controlar de manera eficaz con un plan de gestión que actualmente permite su convivencia con la actividad ganadera”.
Los cuatro consejeros de Desarrollo Rural de las regiones de la cornisa cantábrica refrendaron, en el encuentro digital organizado por La Nueva España para analizar la nueva Política Agrícola Comunitaria (PAC), su defensa de la actividad agraria familiar y sostenible de acuerdo con el modelo secular de explotación familiar del norte peninsular y que, a juicio de los mandatarios, debe tener un trato específico en las ayudas de la PAC que entrará en vigor en 2023.
Según informa, el gran objetivo, defendieron, es “hacer rentables las prácticas agrarias de la ‘España verde’ y buscarles acomodo dentro de la reforma de las directrices agrarias europeas, que siguen un claro enfoque medioambiental”. Las nuevas normas serán aplicadas en cada país de la Unión Europea de acuerdo a un plan estratégico que elabora cada Gobierno.
