Las caras de la reforma de pensiones: echar cuentas para que cuadren los números

Con esta reforma también volverá la revaloración de las pensiones en función del IPC (Índice de Precios del Consumo) para que aumenten en función de dicho índice de los 12 meses anteriores.
La patronal, los sindicatos y el Ministerio de Seguridad Social, liderado porJosé Luis Escrivá, han llegado a un principio de acuerdo para reformar las pensiones con el objetivo de que esta reforma sea «consistente». El objetivo señalado por el ministro esque dure 25 años y se va a ir implementando de manera gradual, ha adelantado.
Tras el sí de los agentes sociales a un acuerdo que, según el ministerio, estaba prácticamente cerrado y sólo quedaba atar «algunos flecos», la hoja de ruta del Ejecutivo esllevar al Congreso la reforma el próximo mes de julio.
Uno de los puntos principales de la reforma acordada es laderogación del factor de sostenibilidad que agregó el PP en su reforma del 2013.Este mecanismo ligaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y en la próxima reforma todos han apostado por eliminarlo e introducir otro factor a partir de 2017.
Con esta reformatambién volverá la revaloración de las pensiones en función del IPC(Índice de Precios del Consumo) para que aumenten en función de dicho índice de los 12 meses anteriores.Si sale negativo, no bajarán, han acordado que se mantendrían igual.
Y otro de loscambios claves que ya se conocían hace tiempo, es el objetivo de Escrivá deacercar la edad real de jubilación a la efectiva instaurando así un sistema de bonificaciones y penalizaciones.
Se plantea bonificar con un extra de hasta el 4% la pensión por cada año que se retrase la jubilación (a partir de la edad ordinaria) y se penalizará las jubilaciones anticipadas entre un 2,8% y un 21% por cada mes que se adelante el retiro.
TODO INDICA QUEel Gobierno y los agentes sociales esperan cerrar este lunes un acuerdo para el primer bloque de la reformadel sistema de pensiones, que supondrá que vuelvan a revalorizarse con la inflación y que incluirá diversas medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal.
El borrador del anteproyecto de ley fija que las pensiones se subiránen enerocon una media de las tasas de variación interanual del índice de precios de consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre del año anterior. Si esa media es negativa, el importe de las pensiones se congelará al comienzo del año.
Se deroga expresamente el factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013, quepenalizaba las pensiones por una mayor esperanza de viday cuya entrada en vigor estaba suspendida hasta 2023. Para sustituir este factor,Gobierno y agentes sociales se dan hasta el 15 de noviembre para negociar un nuevo mecanismode equidad intergeneracional que operará a partir de 2027. Si no se logra un acuerdo, el Gobierno regulará a su criterio el citado mecanismo para que quede definido en la nueva ley.
Secambian los coeficientes reductoresque, además, pasan a ser mensuales frente al calculo trimestral actual. Estos porcentajes, que restan sobre la cuantía de pensión a los que decidan jubilarse hasta dos años antes de alcanzar la edad legal, van desdeun máximo del 21%en el supuesto de querer retirarse del mercado dos años antes teniendo menos de 38 años y 6 meses cotizados a un mínimo del 2,81% para los que opten por retirarse un mes antes y tengan cotizados más de 44 años y medio.
En cuanto a la jubilación anticipada forzosa o involuntaria, a la que se podrá acceder también cuando se haya extinguido el contrato laboral por razones objetivas o de forma voluntaria, los coeficientes reductores igualmente se aplicaránpor mes de adelanto y no por trimestre.Irán, de acuerdo con el borrador,desde un 30%si ocurre 4 años antes de la edad legal y se tienen menos de 38 años y 6 meses cotizados, hasta un 0,5 % si es un mes antes y se ha cotizado más de 44 años y 6 meses. Estos trabajadores podrán optar por los coeficientes aplicados a la jubilación anticipada voluntaria en los dos años anteriores a la edad legal si estos son más favorables que los hasta ahora vigentes.
El Gobierno también plantea unrégimen transitorio de 10 años, con coeficientes distintos, para los trabajadores que cotizan por encima de la pensión máxima para «reforzar la equidad» del sistema.
Quedan fuera de estos cambios los afectados por expedientes de regulación de empleo(ERE) en 2021 o después de esa fecha si es «consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo (…) aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley». Es decir, que los cambiosno se aplicarían a los afectados por expedientes como los del BBVA o Caixabank aunque el despido no sea efectivo este año.
Para incentivar la jubilación demorada, apenas usada en España, y alargar las carreras laborales, el Gobierno fijará incentivos por su prolongación: unasubida de la pensión del 4% por cada añode retraso,un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos.
También hay cambios para acceder a la jubilación activa, que permite compatibilizar salario y pensión, estableciendo que el trabajadordeberá haber seguido en activo un año másuna vez alcanzada la edad legal. El Gobierno se compromete, en el plazo máximo de doce meses, a revisar, en el marco del diálogo social, esta modalidad.
La reforma permitirá finalmente que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa, perosolo para mayores de 68 añosy con la obligación de contratar de forma indefinida y a tiempo completo a un trabajador de relevo.
Los convenios que ya tengan una cláusula de este tipo podrán seguir aplicándolas «hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada».