El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de Cámaras en la que diseña «una cámara de España» que coordinará a todas y potenciará la FP dual
El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación que, entre otras cuestiones, incluye la creación de la Cámara de Comercio de España, que actuará en representación de todos las cámaras del país y centrará su actividad en el apoyo a la internacionalización de las pymes y en la nueva formación dual que pretende impulsar el Ejecutivo para reducir el paro juvenil. Además, el Ejecutivo establece que la financiación de estas entidades provenga exclusivamente de la prestación de sus servicios y de las aportaciones voluntarias de las empresas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que con la nueva norma «respondemos a un modelo cameral consolidado en países de nuestro entorno», y se establece una «tarea fundamental» para estas entidades: «la cercanía a las empresas» y la potenciación de las tareas que hasta ahora prestaban en materia de FP dual con mecanismos para combatir paro juvenil. Además, la dirigente ha explicado que las cámaras «tendrán importancia en arbitraje en conflictos mercantiles».
En todo caso, el Ejecutivo ha diseñado un modelo centralizado a través de una cámara de comercio de España, el hasta ahora Consejo de Cámaras de Comercio de España, que realizará labores de coordinación de todas las entidades locales o regionales del país, así como tareas de representación internaciona.
Entre las novedades de la nueva norma, el Gobierno ha señalado que «se diferenciarán las actividades de carácter privado de las públicas», las cámaras tendrán la obligación de elaborar código de buenas prácticas, deberán aumentar la representatividad de organizaciones de autónomos en las cámaras, y registras sus cuentas para responder adecuadamente a la ley de transparencia.
Otras novedades de la ley es que se incluye la obligación de hacer públicas las retribuciones de los altos cargos y máximos responsables de las Cámaras, se elimina la obligación de que exista, al menos, una Cámara por provincia y se homogeneiza el régimen jurídico de todos sus trabajadores al régimen laboral ordinario (una parte del personal de las Cámaras estaba sujeto a un régimen especial que data del año 1936).
El Plan Cameral de Internacionalización se regula como uno de los principales cometidos que la Cámara de España va a ejecutar bajo la dirección del Ministerio de Economía y Competitividad, en colaboración con el resto de Cámaras de Comercio. En el mismo, además de las Cámaras nacionales, participarán también las Cámaras de Comercio de España en el exterior.
Por su parte, el Plan de Competitividad incluirá el conjunto de las funciones públicas que deben desarrollar las Cámaras en apoyo de las empresas españolas, con especial consideración a las pequeñas y medianas. Su finalidad es ordenar y ejecutar, de acuerdo con las prioridades de la política económica del Gobierno, todas aquellas actuaciones que incidan de manera efectiva en la mejora de la competitividad de las empresas. NUEVA
Financiación de las cámaras
En cuanto a la financiación de las Cámaras, la ley no contempla la recuperación del recurso cameral permanente y establece que la financiación de estos organismos se basará en los ingresos que se generen por los servicios que presten y por las aportaciones voluntarias de empresas. De acuerdo con este nuevo régimen de financiación, la ley permite a las Cámaras incentivar las contribuciones voluntarias pudiendo dar, si así lo estiman conveniente, una mayor representatividad a las empresas que hayan realizado contribuciones en sus órganos de gobierno.
No obstante, la norma precisa que estos incentivos estarán limitados a la obligación de mantener la representación mayoritaria en los mismos de todas las empresas a través de un proceso electoral basado en el sufragio universal y la elección democrática de dichos órganos.
