Las 59 agrupaciones municipales de Protección Civil cuentan con más de 600 voluntarios

Realizan labores preventivas, acontecimientos sociales y deportivos, y como cuerpo de apoyo en intervenciones de emergencia.
El Gobierno autonómico ha avanzado en los trámites necesarios para la aprobación del decreto regulador de la actividad del voluntariado de protección civil, que, entre otras novedades, propiciará que las agrupaciones vuelvan a depender funcional, jerárquica y económicamente de los ayuntamientos.
Al día de hoy son 50 agrupaciones municipales de Protección Civil las que hay en Cantabria que reúnen a más de 600 voluntarios que realizan labores preventivas, acontecimientos sociales y deportivos, y como cuerpo de apoyo en intervenciones de emergencia.
La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior ha sacado esta semana a información pública el nuevo texto normativo, que estará adaptado a la ley autonómica posterior de 2019 del Sistema de protección civil y gestión de emergencias de Cantabria.
La normativa impulsada desde el Gobierno cántabro sustituye el régimen jurídico actual de las organizaciones de voluntarios que tienen personalidad jurídica propia y pasarán a depender a todos los efectos de los ayuntamientos, tal y como solicitó a mediados de año la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).
El proyecto del decreto ha sido presentado por el Gobierno de Cantabria al Consejo Asesor del Voluntariado de Protección Civil, con el fin de que conozcan la norma de primera mano y presenten las sugerencias que puedan mejorar el texto definitivo que apruebe con posterioridad el Consejo Gobierno.
La consejera de Presidencia, Paula Fernández Viaña, ha valorado las aportaciones de este órgano, «muy importantes para mejorar la actividad de los voluntarios y reforzar los servicios».
Alcance de la norma
Entre su contenido, el decreto establece un marco normativo mínimo para la homogeneidad de las agrupaciones municipales y regula la constitución y el ámbito de actuación territorial.
También establece la estructura mínima de las agrupaciones, la obligatoriedad de aprobar un reglamento de funcionamiento, el registro de agrupaciones y la forma de inscripción en el mismo.
Asimismo, la norma establece quiénes pueden ser voluntarios y el modo de integración en las agrupaciones, estableciendo como requisitos un periodo de prácticas previo en los ayuntamientos.
El Gobierno de Cantabria es el que impartirá una formación mínima obligatoria para los voluntarios para facilitar su labor y se detallan las actuaciones preventivas y operativas en emergencias ordinarias y extraordinarias en las que podrán participar.
El decreto regula regulan los derechos y obligaciones y el régimen de condecoraciones en reconocimiento a los años de servicio, la constancia y las conductas excepcionales.
Se mantiene el Consejo asesor de voluntariado de protección civil, ya previsto y constituido en la anterior normativa, si bien se introduce alguna modificación en cuanto al nombramiento de sus vocales.
Como anexo al decreto se establecen unos criterios de uniformidad de los voluntarios. Los nuevos integrantes de las agrupaciones recibirán el vestuario del Gobierno de Cantabria, entidad que también se encargará de su renovación en caso de deterioro.