Añade como apoyo que durante varias inspecciones giradas en el puerto se constató que estaba parado, y que, en todo caso, «solo una vez iniciada la explotación podría exigirse el reequilibrio» financiero.
Según informa hoy El Diario Montañés la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que desestima la pretensión de Marina de Laredo de renunciar al contrato suscrito con el Gobierno autonómico para construir y gestionar el puerto de la localidad, una instalación abierta en 2011, no solo falla a favor de la Administración, sino que expone dos objeciones importantes a la empresa.
Constituida por FCC y Ascán, la Marina pretendía resolver el contrato de 2005, cobrar los 63,5 millones presupuestados inicialmente y renunciar a la explotación acordada durante 40 años. La demanda era en realidad una reacción indignada tras anular el Ejecutivo del PP un sistema de compensación que había aprobado el bipartito PRC-PSOE para reembolsarse a la adjudicataria los desfases de una obra que pasó de los mentados 64 millones a 89. Según la concesionaria, fue a causa de dos temporales y un cambio en el proyecto para la zona pesquera, reclamación ésta que también denunció, y que también desestimó el TSJC hace un mes dándole la razón al Gobierno.
La sala de lo Contencioso-Administrativo advierte en su último fallo dos contradicciones aparentes: «Llama la atención que la concesionaria quiera desvincularse del contrato cuando aún no ha comenzado la explotación, pese a ser susceptible de importantes beneficios. Además, solicita tanto la resolución del contrato como la ejecución de la cuenta compensatoria (el citado sistema para ingresar el sobrecoste), siendo pretensiones distintas». Según el tribunal, «la pretensión de obtener toda la rentabilidad de un contrato de concesión sin apenas haber iniciado su explotación» supondría «un fraude de ley». Añade como apoyo que durante varias inspecciones giradas en el puerto se constató que estaba parado, y que, en todo caso, «solo una vez iniciada la explotación podría exigirse el reequilibrio» financiero.
Para la Sala, la clave del litigio reside en la salida del tercer socio inicial junto con FCC y Ascán, la empresa Puntida S. L., que «estaba participada en un 99% por Caja Cantabria, la cual prestaría de modo preferente la financiación». Que en 2009 «abandonara el socio capitalista» no obliga a que «el Gobierno avale ningún tipo de operación de crédito», concluye el tribunal.
LA SENTENCIA
Según publica hoyEl Diario Montañés, el conflicto abierto entre el Gobierno regional y Marina de Laredo, integrada por FCC y Ascán, está dirimiéndose una y otra vez en contra de la segunda, que sale mal parada de todos los litigios. El último, su intento de anular el contrato del Puerto de Laredo por supuestas infracciones de la Administración y que, en consecuencia, el Gobierno le devolviera los 64 millones del presupuesto inicial del contrato, que incluía la construcción y posterior gestión de la instalación durante cuatro décadas en régimen de concesión.
Es el último episodio de un enfrentamiento que ya cuenta con varios episodios graves. Primero, Ascán perdió el contrato para acabar el Hospital Universitario de Valdecilla, donde participaba junto a FCC y OHL y que la Consejería de Sanidad anuló. Restaban todavía 100 millones por invertir. El Consejo de Estado respaldó esa rescisión, dejándola sin vuelta de hoja.
Después, los tribunales respaldaron otro giro del Ejecutivo de Ignacio Diego sobre una autorización previa del bipartito PRC-PSOE. La Consejería de Obras Públicas anuló el sistema de compensación ideado para abonar a la empresa de Santiago Díaz el desfase presupuestario que había acarreado el puerto de Laredo. Ahí, la Administración eludió reembolsar 28 millones en 14 años, que se elevaban hasta 43 millones una vez sumando los intereses.
Ascán atribuye el desfase a dos temporales y a la modificación del proyecto inicial cuando las obras ya estaban en marcha. De los 64 millones iniciales, los pantanales deportivos de Laredo y su zona pesquera pasaron a costar 88 finalmente. Al no entenderse con el departamento que dirige Francisco Rodríguez Argüeso sobre cómo saldar esa cuenta, la constructora pidió ante los tribunales la resolución del contrato de concesión por «varios incumplimientos imputables a la Administración». Lo mismo que sucedió con Valdecilla, pero cambiando las tornas.
Ascán demandaba la devolución de los referidos 64 millones iniciales, pero la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) acaba de fallar en contra de ese propósito.
Los sucesivos fallos dejan a la constructora en una suerte de atolladero: ha desembolsado bastante más dinero del que ha recibido (un 18%), y ha abierto un negocio que no tira, pues la mayor parte de sus 1.170 atraques carecen de propietario aún. El primero de los amarres privados se produjo en mayo de 2012, trece meses después de su inauguración.
