La juez Mercedes Alaya imputó la semana pasada a una veintena de altos cargos de la Junta, entre ellos al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, junto a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
La Junta de Andalucía abonará ladefensa jurídica privada de los altos cargosde la administración autonómica que están en activo y de los funcionarios públicos imputados por la juez Mercedes Alaya en el caso del fraude de los ERE. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo,Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que el pago de esta defensa se recoge en el reglamento del servicio jurídico de la Junta, y ha aclarado que sólo afecta a los altos cargos en activo y a los funcionarios públicos que lo soliciten.La juezMercedes Alayaimputó la semana pasada a una veintena de altos cargos de la Junta, entre ellos al viceconsejero de la Presidencia,Antonio Lozano, junto a la exministra de FomentoMagdalena Álvarez.Vázquez ha explicado que se aplicará el reglamento de los servicios jurídicos en virtud del cual los altos cargos y los funcionarios públicos pueden pedir el servicio de defensa de la administración o el pago de una defensa letrada cuando están imputados en una causa judicial, y ha apuntado que desconoce si hay un límite en la cuantía que la Junta paga por esos servicios. También ha señalado que la Junta de Andalucíano va a recurrir el auto de la juezporque «quiere andar con pies de plomo» en este asunto y ha asegurado que «no hay motivos» para imputar al presidente de la Junta,José Antonio Griñán, o a la consejera de Hacienda,Carmen Martínez Aguayo.Ha defendido el derecho de la administración autonómica a «hacer públicas sus discrepancias» con el auto, el cual -ha reiterado- es «perfectamente recurrible y señala a personas honestas y honorables que han hecho un buen servicio a Andalucía». Además, ha censurado queel auto «parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal» y tiene «cierta inconsistencia apuntada por importantes juristas».Vázquez ha criticado que los imputados señalados en el auto judicial de Alaya no hayan recibido hasta el momento notificación oficial del juzgado.Igualmente, ha sostenido que la petición que ha hecho este martes la Fiscalía Anticorrupción a la juez Mercedes Alaya para que fije un»calendario razonable» para la declaración de los veinte nuevos imputadospor el fraude de los ERE va en la línea planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por la Junta de reclamar celeridad en este caso.Por su parte, elsecretario general del PP-A, José Luis Sanz, ha censurado que la Junta «cargue» con la defensa de los cargos de la Administración autonómica imputados y ha advertido de que, con dicha acción, «da la impresión» de que el presidente de la Junta,José Antonio Griñán, está buscando «su propio interés personal porsi en algún momento él también fuera imputado».Sanz ha considerado además»insultante para los andaluces»que la Junta pueda «correr con los gastos de la defensa» de estas personas, «que se han visto implicadas de alguna forma en el mayor caso de corrupción de la historia democrática de España», y ha advertido de que, de esta manera, la Junta está distinguiendo «entreimputados de primera e imputados de segunda».Se refería así a que, mientras que al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera la Junta «le pagó la defensa y lo recolocó en Almería, (el exconsejero de Empleo Antonio) Fernández se quejaba de que no se le pagaba». Ante ello, ha exigido a Griñán que «explique a los andaluces por quélos imputados de primera tienen una serie de privilegios que no tienen los de segunda».»Y nos gustaría también que le explicara a los andaluces si a estos imputados a los que se les paga la defensa es porquesaben algo sobre la trama de los ERE que no sabemos todavía el resto de los andaluces», ha añadido, para señalar que «da la impresión de que Griñán teme que alguno de estos imputados termine indicando dónde estaba el verdadero responsable político de la trama». De ahí, según ha añadido, que tanto la Junta como el presidente «pretendan tenerlos contentos» pagándoles la defensa en el caso y que Griñán lo haga, ha reiterado,»pensando en su propio interés personal. Por si en algún momento si se viera imputado…», ha concluido.
