La juez Ayala censura la actuación de la Junta como parte acusadora en el «caso de los ERE»

Por actuar con una «posición más propia de una defensa que de una acusación particular» al haber recurrido el auto por el que imputó a 20 altos cargos y exaltos cargos, entre ellos la exministra Magdalena Alvarez.
La juez instructora delcaso de los ERE, Mercedes Alaya, censura en su último auto la actuación de la Junta de Andalucía, a la que acusa de actuar con una «posición más propia de una defensa que de una acusación particular» al haber recurrido el auto por el que hace tres semanas imputó a 20 altos cargos y exaltos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez.
Alaya señala que «por más que la Junta de Andalucía y algunas defensas consideren que las sucesivas leyes de presupuestos han obligado al uso de la transferencia de financiación al IFA para el pago de las subvenciones sociolaborales ordenadas por la Consejería de Empeño», dicho argumento «carece de veracidad». Explica que las leyes de presupuestos desde el año 2002 al 2009 han recogido esas transferencias, pero «en ningún caso han expresado que tales fondos tuvieran que destinarse a la concesión de subvenciones sociolaborales».
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NUEVO AUTO DE LA JUEZ
La juez Mercedes Alaya, cuya investigación avaló con fuerza la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada, ha dictado un nuevo auto en el que critica la postura de la Junta por recurrir la imputación de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y de otros 19 altos cargos, y en el que además amplia el calendario de declaraciones para después del verano al vaticinar que la Administración perderá dicho recurso.En el nuevo auto, la juez que investiga el escándalo de los ERE destaca que la Junta ha impugnado su auto directamente ante la Audiencia de Sevilla, cuando podría haber presentado un recurso de reforma ante la propia instructora, lo que habría posibilitado una «explicación razonada» de su decisión de imputar a la veintena de altos cargos. Esta actuación de los servicios jurídicos de la Junta supone para Alaya una «posición más propia de una defensa que de una acusación particular», una actitud que a la instructora le «llama la atención por la aireada actitud de colaboración [con la Justicia] que pregona para sí la Junta de Andalucía». Alaya reprocha a la Administración autonómica que esta medida puede afectar al «curso normal» del procedimiento, «por implicar un retraso significativo en la instrucción» y eso le lleva a realizar una «valoración siquiera somera» de los dos argumentos esenciales del recurso de la Junta a los efectos de determinar «el posible éxito de los mismos, pues de la mayor o menorfundabilidadde dichos motivos dependerá que pueda seguirse un calendario normal de declaraciones».Sobre la falta de motivación de su auto del pasado 28 de junio, en el que imputó a la ex ministra de Fomento y a los otros altos cargos, la magistrada recuerda que en la fase de diligencias previas «no está previsto un auto a modo de juicio de imputación como pretende la Junta», por lo que es en la primera comparecencia del imputado cuando «se expresa por el órgano instructor un relato pormenorizado de hechos punibles y una calificación penal provisoria, siendo el auto impugnado una llamada al procedimiento de una serie de personas a las que debe tomárseles declaración».En segundo lugar, la juez advierte que «por más que la Junta y algunas defensas consideren que las sucesivas leyes de presupuestos han obligado al uso de las transferencias de financiación al IFA para el pago de las subvenciones sociolaborales ordenadas por la Consejería de Empleo» este argumento, según Alaya, «carece de veracidad». La instructora explica que desde 2002 a 2009 las leyes de presupuestos han «contemplado créditos para librar por parte de la Consejería de Empleo transferencias de financiación al IFA-IDEA, pero ningún caso las citadas leyes han expresado que tales fondos o transferencias, cuya clasificación económica es vinculante de conformidad con el artículo 38 de la ley general de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tuvieran que destinarse a la concesión de subvenciones sociolaborales». La juez, valorando más el fracaso que el éxito del recurso, ha decidido mantener la declaración para el próximo jueves del ex interventor de la Junta Manuel Gómez, y además ha fijado un nuevo calendario para después del verano.Alaya ha citado, en concreto, a declarar el 10 de septiembre al que fuera jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y luego director del departamento de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois, mientras que el 17 declarará el ex director general de Presupuestos y actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente Lozano. El 19 de septiembre declarará Buenaventura Aguilera Díaz, ex director de Presupuestos; el 30 de septiembre el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas Alarcón. Por último, Alaya ha citado el 9 de octubre al ex diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, al que la juez atribuye una «activa participación» en la inclusión de cinco intrusos y en la concesión de una ayuda de 450.000 euros para ocho trabajadores aunque la empresa sólo tenía dos.