Las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Girona) han vuelto a situar en el centro del debate público el estado de la red ferroviaria española y la gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Especialmente el accidente de Adamuz, donde el descarrilamiento de un tren de alta velocidad de Iryo dejó 45 víctimas mortales, ha generado una profunda conmoción social y ha reabierto interrogantes sobre la seguridad del sistema.
Conforme han ido pasando los días y más allá del impacto inicial, la atención se ha desplazado progresivamente hacia el departamento que dirige Óscar Puente, como máximo responsable político de una red ferroviaria que arrastra deficiencias estructurales desde hace años y que vuelve a quedar en entredicho tras un siniestro de gran magnitud.
El propio ministro ha salido al paso de las críticas rechazando las comparaciones con otros episodios recientes. En una entrevista concedida a El País, Puente calificó de “ofensiva” la equiparación con la gestión de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, protagonizada por Carlos Mazón. A su juicio, ese paralelismo responde a una utilización política de la tragedia y no a un análisis riguroso de los hechos.
Sin embargo, estas declaraciones no han logrado disipar las dudas ni frenar el creciente escrutinio público sobre la actuación del Ministerio de Transportes. El accidente de Adamuz ha vuelto a poner sobre la mesa cuestiones recurrentes como el mantenimiento de las infraestructuras, los sistemas de seguridad, la inversión ferroviaria y la planificación a medio y largo plazo, ámbitos que dependen directamente del departamento que encabeza Puente.
Más allá del debate político, profesionales del sector y usuarios reclaman explicaciones claras y mayor transparencia sobre el estado real de la red ferroviaria, así como garantías de que se adoptarán medidas efectivas para evitar que tragedias como la de Adamuz vuelvan a repetirse. Un contexto que obliga al ministerio a ofrecer respuestas sólidas, más allá de la confrontación dialéctica.
Mientras las investigaciones técnicas y judiciales siguen su curso para esclarecer las causas exactas del descarrilamiento, la figura de Óscar Puente queda expuesta a una presión creciente. La gestión de la crisis, la comunicación institucional y las decisiones que adopte el Ministerio en las próximas semanas serán determinantes para evaluar la responsabilidad política en materia de seguridad ferroviaria, una cuestión que vuelve a situarse en primer plano tras una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años.
