Los técnicos municipales han realizado un informe en el que establecen el valor de la obra realizada, sensiblemente inferior a las exigencias de las dos empresas que reclaman 10,7 millones de euros.
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El Pleno del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado por unanimidad llevar a la Fiscalía el desfase de unos 2,6 millones de euros detectado en un informe técnico sobre el verdadero coste que supuso la construcción del aparcamiento, por si hubiera habido algún posible delito, propuesta que implica iniciar acciones judiciales contra las empresasOgensa(asturiana) ySadisa(cántabra) que construyeron el aparcamiento conocido por Las Meanas en esta población asturiana, según informóEfeel pasado día 13 yEl Mundo-Cantabriaen su edición del jueves, 14 de marzo de 2013.
Según se informó en el pleno, las mediciones hechas por los técnicos municipales establecen el valor de la obra realizada en 8.107.951 euros; sin embargo, las dos empresas de común acuerdo han pasado al Consistorio facturas que suman 10.711.336 euros, lo que supone una diferencia de 2.603.385 euros que será puesta en conocimiento de la Fiscalía por si fuera constitutiva de delito. De entrada, el Ayuntamiento ha procedido a incautar los avales (264.000 euros) al tiempo que se ha convocado al concesionario para que el 18 de marzo entregue las llaves, que asumirá Ruasa.
El periódico asturianoLa Nueva Españaal referirse a esta polémica, señala que retoomar las riendas del aparcamiento de Las Meanas le costará al Ayuntamiento 4,1 millones de euros, de los que la mayoría, 3,8 millones, están destinados a saldar una hipoteca que mantenían los gestores -la empresa formada porOgensa y Sadisa- con un banco. Así que la compensación a esta sociedad, acordada por todos los concejales de la Corporación, es de 335.000 euros, que es el resultante de restar a la valoración de la obra efectivamente ejecutada (6,1 millones de euros) los 3,8 millones de la hipoteca y 1,9 más que el Ayuntamiento reclama en concepto de daños y perjuicios. La empresa reclama 11,9 millones. Además, se incautarán los avales (264.000 euros) y se convoca al concesionario para que el 18 de marzo entregue las llaves, que asumirá Ruasa.
Igualmente, el Pleno del Ayuntamiento de Avilés aprobó –también por unanimidad- la propuesta del Gobierno local, del PSOE, para la resolución del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo de Las Meanas. Este aparcamiento será entregado el próximo día 18 por la concesionaria «Aparcamiento Las Meanas, S.A.»al Ayuntamiento y será gestionado desde el día siguiente por la empresa pública municipal RUASA.
La alcaldesa, Pilar Varela, ha querido poner en valor la importancia de que se haya aprobado por unanimidad esta propuesta «en función de la defensa del interés público para resolver este contrato por renuncia unilateral imputable al concesionario».
La regidora ha recordado que cuando en 2004 se inició esta experiencia por primera vez (construir y gestionar una obra pública) se hizo para resolver un problema en un suelo municipal totalmente deteriorado en el centro de la ciudad.
«A falta de recursos propios para hacer la obra, planteamos este tipo de concesión por primera vez, y es importante resaltarlo», ha añadido la regidora. «A partir de esta experiencia, estoy segura de que en el próximo pliego que hagamos de este tipo introduciremos mayores controles», ha indicado la alcaldesa que, aún así, ha asegurado que el Ayuntamiento «ha hecho todo lo que tenía que hacer desde el punto de vista del control».
La alcaldesa ha declarado –según ha recogidoLa Nueva España- que, al margen de la necesidad de realizar el rescate de la concesión, ya se estaban realizando comprobaciones: la exigencia a la empresa de las auditorías de los años 2005 y 2006 (correspondientes a la construcción), y el hecho de que desde 2010 el representante del Ayuntamiento en la sociedad se negara a aprobar las cuentas.
El aparcamiento de Las Meanas o La Exposición, que ha venido gestionando la sociedad formada por Ogensa y Sadisa, está en el ojo del huracán y puede convertirse en una soga para la economía del Ayuntamiento de Avilés, que puede acabar pagando entre 7 y 9 millones de euros. El estacionamiento subterráneo, en una zona céntrica de la ciudad, se construyó aprovechando una fórmula de adjudicación y concesión. Así, la sociedadOgensa-Sadisa(Aparcamiento Las Meanas, S. A.) costeó la construcción a cambio de quedarse con los beneficios durante los 50 años que duraba la concesión. Pero el balance positivo nunca llegó. Ahora, el pleno ha acordado llevar a la Fiscalía los datos técnicos de la obra, así como el presupuesto realizado por sus ingenieros, que está muy alejado de las facturas presentadas por las dos empresas.
LA UNIÓN DENUNCIA EL “CÁRTEL” DEL ASFALTO Y PREGUNTA A REVILLA
LA UNION (LU) denunció que las actuaciones de varias empresas de Cantabria, bautizadas por la Comisión Nacional de la Competencia, como el Cártel del Asfalto en Cantabria, “sólo son explicables, y sólo fueron posibles gracias a la cooperación necesaria del Gobierno Regional de Cantabria”.
El Presidente de la formación, Rafael Sebrango, señaló que “sin el conocimiento, consentimiento, y cooperación del Gobierno Regional, las prácticas de las empresas jamás se habrían producido”.
“El mayor culpable del perjuicio económico causado al dinero público, en las adjudicaciones de obras del Gobierno Regional, no son las empresas, sino los cargos políticos que favorecieron esta defraudación”, afirmó.
“No hay posibilidad de equivocación”, prosiguió “las actividades que han ocasionado multas por importe de 16 millones de euros, se desarrollaron a lo largo de nada menos que 13 años, por lo que era fácilmente detectable”, y se desarrolló entre los años 1998 y 2011m “siempre con la obra pública en manos del PRC”.
“La mejor constatación de la cooperación política, está en los contratos menores y los procedimientos negociados sin publicidad”, respecto de los cuales la Comisión Nacional de Competencia ha detectado un pacto entre las empresas, denominado como de acompañamiento.
En estos procesos para adjudicación de obras “era el propio Gobierno Regional quien llamaba a estas empresas a hacer la obra, por lo que el político al frente no puede alegar ni sorpresa ni desconocimiento”.
“No sólo no podían desconocer el arreglo existente, sino que lo consentían a sabiendas, por lo que cooperaban con él, y ello en perjuicio del ciudadano de Cantabria”.
“Si a lo largo de 13 años no hubiera existido la cooperación política necesaria, habría sido fácilmente impedida la defraudación, mediante la existencia de sobreprecios, en la obra pública de Cantabria”.
“Miguel Angel Revilla, el expresidente de Cantabria, y Secretario General del PRC, ha tenido en sus manos en esos 13 años, la obra pública de Cantabria, por lo que tiene una evidente responsabilidad política en esta defraudación del dinero público de todos los cántabros”.
“Revilla tiene que empezar a explicar por qué permitió durante 13 años estas prácticas, y por qué durante esos años siguió encargando las obras, en procedimientos negociados sin publicidad, y en contratos menores sin subasta ni concurso, a las empresas que sabía que estaban haciendo lo que estaban haciendo”.
Desde LA UNION (LU) advierten que “habrá que esperar a contar con la resolución íntegra de la resolución de la Comisión Nacional de Competencia para adoptar otras medidas”, pero “mientras tanto Revilla debe explicar a toda Cantabria su actuación y la de su partido el PRC”.
