DIEGO AFIRMA que los recursos del Gobierno de España para prejubilaciones están dirigidos a empresas «en reestructuración» y, por tanto, éstos no están disponibles para aquellas «cerradas»
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La dirección de Sniace (han estado presentes el presidente Blas Mezquita, Miguel Gómez de Liaño y Alberto Novoa) y el comité han mantenido esta tarde una reunión de más de tres horas donde la empresa como ya había anunciado en la reunión anterior ha presentado dos estudios sobre las prejubilaciones que afectan a 106 personas, aunque el comité ha propuesto una solución «mixta» que «costaría menos» y estaría basada en la combinación de prejubilaciones y contratos relevo.
DECLARACIONES DE IGNACIO DIEGO
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha advertido este jueves a Sniace de que no habrá dinero del Estado para pagar parte de las prejubilaciones de la plantilla mientras siga siendo una «empresa cerrada».
Según ha insistido Diego, los recursos del Gobierno de España para prejubilaciones están dirigidos a empresas «en reestructuración» y, por tanto, éstos no están disponibles para aquellas «cerradas» como Sniace.
El presidente regional ha recordado que, cuando aún Sniace estaba abierta y tenía aún a su plantilla, el Gobierno regional negoció y «consiguió» del Ministerio de Empleo casi 4 millones de euros para pagar parte de las prejubilaciones de casi un centenar de los trabajadores de la empresa mayores de 58 años, recursos que –ha apuntado– no llegaron finalmente por la «ruptura de negociaciones» entre la empresa y los sindicatos que acabaron con el despido de sus empleados.
Diego, que ha asegurado que la empresa está cerrada «por la voluntad de la empresa», ha avisado también de que lo que antes dependía de Sniace y de los sindicatos, ahora también depende de lo que establezca la Audiencia Nacional sobre el Expediente de Regulación de Empleo de extinción aplicado a la plantilla.
Además, ha señalado que si se consigue retrotaer la situación de Sniace a antes de los despidos, el Gobierno regional intentará «por tierra, mar y aire» conseguir esos recursos de nuevo para dar «tranquilidad» y «seguridad» de cara al futuro para ese centenar de trabajadores que pueden ser prejubilados.
Sin embargo, Diego ha advertido de que, además de darse esa coyuntura, la empresa debe de «comprometrse pública y documentalmente» a cubrir el 60 por ciento del coste de las prejubilaciones que le corresponde para que el Estado pueda hacerse cargo del 40% restante.
«Aquí no vale engañar a nadie una vez más como así se dio en septiembre», ha aseverado el presidente regional, a preguntas de la prensa tras ofrecer una rueda de prensa sobre otro asunto.
