La Audiencia valida el convenio para el pago de los 22 millones que se deben a Valdecilla

Anualidad impagada desde 2016. El Gobierno espera que el Gobierno no recurra
LaAudiencia Nacional haestimado en parte el recurso contencioso administrativo promovido por el Gobierno de Cantabria y ha reconocido el derecho de la Comunidad Autónoma a suscribir un convenio con el Estado que haga posible el pago de la anualidad de Valdecilla impagada en 2016,cuando contabaconunaconsignaciónde 22 millones de eurosen los Presupuestos Generales del Estado.
La sentenciaacepta la reclamación del Ejecutivo cántabro contra la desestimación por silencio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la reclamación presentada en octubre de 2017 por el director gerente del Servicio Cántabro de Salud para urgir la formalización de dicho convenio, con el fin de articular lacitadasubvención nominativa,introducidamediante enmiendaen la Ley de Presupuestos de2016.
Sin embargo,no realiza ninguna declaración respecto a la cantidad reclamada, al entender que el importe “vendrá determinado por las concretas estipulaciones y bases reguladoras que las partes establezcan”.
En contra de los argumentos de la Abogacía del Estado, que se opuso al recurso por considerarlo extemporáneoy aduciendo inexistencia del acto impugnable,la Audienciaconsiderajustificada “la fundada creencia” de la Administración cántabra, dado que estaba basada en “actuaciones concretas y determinadas”, y señalaque actuó amparada “en la confianza razonada y razonable de un convenio que a todas luces estaba en ciernes a falta de perfilar aspectos puntuales, que no consta que fueran sustanciales”.
“El principio de la buena fe protege la confianza legítima que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el comportamiento propio”, argumenta el tribunal, para quien este principio “implica la exigencia de un deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar de cara al futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de los propiosactos constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes ‘venire contra factum propium’”.
También indica que el Gobierno de Cantabria adaptó su capacidad económica en función de un marco convencional que “no era una posibilidad”, ni “algo meramente futurible”, dado que en los años anteriores se habían formalizado convenios paraarticular el pago de 1 millón de euros en 2013, 28 millones en 2014 y otros 28 millones de euros en 2015.
Llamamiento al Estado
Tras conocer la sentencia, contra la que cabe recurso de casación en un plazo de 30 días, el Ejecutivo cántabro ha realizado un llamamiento a la Administración central para que asuma el “error” cometido en 2016 y agilice los trámites necesarios para formalizar el convenio que haga posible la llegada a Cantabria de los 22 millones de euros pendientes desde hace 4 años.
De hecho, considera que “seguir demorando” ese pago, una vez reconocidos por la Audiencia los derechos de la Comunidad Autónoma, supondría “seguir vulnerando los principios de buena fe y confianza legítima” y “seguir privando a los cántabros unos recursos económicos a los que legal y moralmente tienen todo el derecho”.
“La deuda de Valdecilla acumula ya demasiados años de retraso, por lo que esperamos que el Gobierno de España actúe de una vez por todas con responsabilidad y coherencia y cumpla por fin sus compromisos”, ha concluido.