Así como la formalización de la correspondiente acusación por un delito continuado de apropiación indebida.
La Fiscalía del Principado de Asturias -informa la prensa asturiana y numerosos medios nacionales- considera que existen indicios suficientes de que el impulsor de Foro Asturias y expresidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, cargó a las cuentas del partido gastos personales por valor de 5.550,51 euros entre los años 2011 y 2017, por lo que ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 2 de Oviedo la continuación de la causa abierta contra él por los trámites del procedimiento abreviado (PA), que supondría el fin de la instrucción y, en el momento procesal oportuno, la formalización de la correspondiente acusación por un delito continuado de apropiación indebida. El informe del Fiscal fue presentado ayer ante el órgano judicial.
El procedimiento se inició por la querella interpuesta por Foro Asturias contra Francisco Álvarez-Cascos en 2020 por una serie de conductas y gastos, que posteriormente fueron ampliados por el partido. A juicio del Fiscal, consta suficientemente acreditado que, entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017, el investigado, sirviéndose de su condición de presidente y posteriormente de secretario general de Foro, y de la existencia de un insuficiente sistema de control de gastos en el partido, cargó a las cuentas de la formación política los siguientes gastos de carácter personal, no relacionados con su actividad profesional, que suman 5.550,51 euros:
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La Fiscalía considera que la justificación vertida por el investigado sobre estos consumos no es suficiente. Matiza que el hecho de que puedan considerarse gastos residuales en comparación con el global de gastos que le se atribuían inicialmente no los convierte en lógicos, aceptables e ínsitos a la actividad política, y constituyen un delito continuado de apropiación indebida. En cuanto al resto de gastos denunciados por Foro Asturias, el Fiscal, tras la profusa instrucción practicada, considera que están relacionados con la práctica profesional del investigado.
En el marco de la instrucción del procedimiento, el pasado 9 de febrero el Ministerio Fiscal presentó un informe en el Juzgado, en el que concluyó que,tras las justificaciones, explicaciones y elementos de prueba aportados por el investigado, así como las diligencias de investigación acordadas por la juez instructora, varias de las apropiaciones que se atribuían al investigado resultaban justificadas. En esencia, la Fiscalía, en ese informe, consideró que ciertas conductas del investigado no constituían apropiación de dinero ajeno, entre ellas, el cobro de su salario, el cobro por conferencias, los gastos de conductor, vehículo, secretaría personal, préstamo personal recibido (y devuelto), alquiler de un centro de negocios en Madrid para el partido o numerosos gastos que aparentemente se podían clasificar como de carácter personal pero que aparecían relacionados con su actividad política.



