El Consejo de Estado dictaminó que el anteproyecto colisiona con el artículo 140 de la Constitución por reducir «en exceso» la autonomía municipal con el «vaciamiento competencial de los ayuntamientos»
Después de un año de sucesivos bandazos en su estrategia para reducir duplicidades y tratar de racionalizar el gasto en la Administración local, el Gobierno central todavía necesita una prórroga. En contra de la previsión de aprobar el proyecto de ley en la reunión de ayer del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha decidido darse una semana más para afinar los contenidos y evitar un cisma que el municipalismo y las comunidades autónomas, afrontarían a rebufo del informe crítico del Consejo de Estado. El objetivo es aproximar el texto a las recomendaciones del consultivo, de forma que llegue a la fase de tramitación parlamentaria con opciones de suscitar acuerdos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó que se revisará el coste estándar para no quitar competencias a los municipios y se «suavizará» el papel de las diputaciones.
Aunque Hacienda quiso quitarle hierro en una primera lectura, el varapalo del órgano que preside Romay Beccaría ha resultado determinante. En el informe que dio a conocer el pasado día 2, el Consejo de Estado dictaminó que el anteproyecto colisiona con el artículo 140 de la Constitución por reducir «en exceso» la autonomía municipal con el «vaciamiento competencial de los ayuntamientos». La reprobación afecta a una idea medular de la reforma, como es la retirada de servicios a los municipios para engordar las diputaciones, pero también para aumentar las obligaciones de las comunidades autónomas sin contrapartida presupuestaria alguna.
El consultivo puso en cuestión un concepto clave en esa vía abierta al desmantelamiento de competencias municipales: el coste estándar. Determinó que, con la previsión que recoge el borrador de supeditar la prestación de servicios por los muinicipios a que puedan hacerlo con ese coste fijado por Hacienda, el ministerio está dejando un cheque «en blanco» al Gobierno para retirar competencias locales. Según trasladó Montoro al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el ministerio sustituirá ese coste estándar por el coste efectivo de prestaciones, para que los municipios no pierdan sus competencias.
El Consejo de Ministros no aprobará este viernes el proyecto de reforma de laadministración local, que prevé, entre otros objetivos que han causado polémica, vaciar de poder a unos 6.000 municipios con una población inferior a 20.000 habitantes para transferir sus competencias a lasdiputaciones.
Buena parte de los alcaldes, especialmente los socialistas, y diversas organismos, como el Consejo de Estado, se han opuesto frontalmente a una reforma que, en su opinión, persigue laminar «en exceso» laautonomía municipalgarantizada en la Constitución.
Precisamente, fuentes del Ejecutivo han reconocido a que el motivo del aplazamiento -se aprobará previsiblemente el viernes próximo- radica en limar el texto para intentar satisfacer así las reivindicaciones de laFederación Española de Municipios y Provinciasy cumplir con las demandas delConsejo de Estado.
