Gómez (PP) califica de «deleznable» la defensa que hace el PSOE de la autora del desfalco

Recalca que la aceptación implicaba que Mercasantander se hubiese hecho cargo de créditos hipotecarios por valor de 600.000 € lo que implicaba un desembolso mensual de las cuotas que la sociedad difícilmente podía soportar
El portavoz del equipo de gobierno explica que la decisión de la empresa pública de no aceptar la cancelación de la deuda contraída por la exgerente de Mercasantander con la entrega de sus bienes es un ejercicio de responsabilidad que la portavoz socialista no parece comprenderGómez recalca que la aceptación  implicaba que Mercasantander se hubiese hecho cargo de créditos hipotecarios por valor de 600.000 euros lo que implicaba un desembolso mensual de las cuotas que la sociedad difícilmente podía soportarEl tiempo confirma que la decisión fue acertada ya que tanto la vivienda de La Mina, adquirida por del suegro del abogado de la autora confesa del desfalco de Mercasantander, como la de Brañavieja, adquirida por su propio abogado, fueron compradas por un valor de subasta inferior, incluso, a la hipoteca que tenían pendiente08, febrero, 13.    El portavoz del equipo de gobierno, Antonio Gómez, ha calificado hoy de deleznable la defensa que el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santander hace de la autora confesa del desfalco en Mercasantander.En este sentido, explicó a la portavoz socialista, Judith Pérez Ezquerra, que el Consejo de Administración de la empresa pública decidió no aceptar la cancelación de la deuda contraída por la exgerente de Mercasantander con la entrega de sus bienes, en un ejercicio de responsabilidad, que parece no comprender o, incluso, no compartir.“Como empresa pública no hubiera sido aconsejable, tanto desde el punto de vista jurídico como ético, que Mercasantander se hubiera dedicado a vender inmuebles y vehículos con el fin de convertir estos bienes en dinero líquido para resarcir del desfalco cometido por la acusada”, afirmó el portavoz.Gómez hizo hincapié en que asumir el pago implicaba además admitir que el daño causado a la sociedad quedaba totalmente resarcido, incluso sin conocerse, en ese momento todavía, el importe total de la deuda contraída por la exgerente de la empresa pública.El portavoz municipal recalcó que la aceptación de los bienes de la acusada implicaba que Mercasantander se hubiese hecho cargo de créditos hipotecarios por valor de 600.000 euros lo que implicaba un desembolso mensual de las cuotas que la sociedad difícilmente podía soportar.Asimismo, subrayó que la empresa pública hubiera tenido que hacerse cargo del cuidado y mantenimiento de los inmuebles hasta el momento de su posible venta.Gómez recordó a la portavoz socialista que el tiempo ha confirmado que la decisión adoptada por el Consejo de Administración de Mercasantander, por unanimidad y en base a los informes jurídicos de los abogados del Estado de Mercasa y la defensa jurídica de Santander, fue acertada ya que tanto la vivienda de la urbanización La Mina -adquirida por el suegro del abogado de la autora confesa del desfalco de Mercasantander- como la de Brañavieja –adquirida por su propio abogado- fueron compradas por un valor de subasta inferior, incluso, a la hipoteca que tenían pendiente.“Desde el equipo de gobierno lamentamos, una vez más, la falta de respeto de los socialistas santanderinos al proceso judicial abierto por el caso Mercasantander”, aseveró el portavoz del equipo de gobierno, quien reiteró a la portavoz socialista que las decisiones las toman los jueces, por lo que le pidió que respete los procedimientos y evite hacer juicios paralelos, en base a las declaraciones realizadas por personas imputadas en el proceso.Gómez incidió en que todas las decisiones de Mercasantander se adoptan, de forma unánime, por su Consejo de Administración en el que el 49 por ciento del accionariado está en manos de la Empresa Nacional Mercasa, dirigida durante las dos últimas legislaturas por el PSOE.Por ello, recomendó a Pérez Ezquerra que pida explicaciones de los acuerdos adoptados en el seno del  mismo a los consejeros que el Ministerio de Industria del señor Rodríguez Zapatero nombró a través de Mercasa o al ex concejal de su partido que formó parte del citado Consejo de Administración durante los años en los que se cometió el desfalco.El portavoz municipal  hizo hincapié en que el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, no formaba parte del Consejo de Administración de la empresa pública cuando se produjo la estafa de más de 800.000 euros.Sin embargo, recalcó que fue el propio De la Serna quien, nada más acceder al cargo y descubrirse unos hechos presuntamente delictivos, dio instrucciones para que se pusiera en conocimiento de la Fiscalía.