Fernández informa sobre medidas para evitar los derribos hasta aprobar el planeamiento

El titular de Urbanismo espera que este proyecto de ley se convierta «en un breve periodo de tiempo» en una ley para solucionar, o «al menos paliar», el problema de la ejecución de sentencias de derribo.
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, se ha reunido esta mañana en el Parlamento con los representantes de los grupos políticos para informarles sobre el proyecto de ley que propone conceder autorizaciones provisionales para evitar el derribo de viviendas hasta la aprobación definitiva de los planes generales. El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ya expresó en su momento su esperanza en que este proyecto concite, «dada la trascendencia económica y social» de este tema de carácter «emergente», el consenso de todas las formaciones para que se apruebe «en el plazo de tiempo más breve posible».
Fernández, que ha estado acompañado por la secretaria general de la Consejería, Ana García-Barredo, ha explicado que se trata de analizar con los distintos grupos políticos el contenido de este proyecto de ley para ver las dudas que puede plantear y «dar todas las explicaciones por parte del Gobierno en relación con el sentido, el significado, la función y, en último término, el contenido y qué consecuencias puede tener este proyecto de ley». El titular de Urbanismo espera que este proyecto de ley se convierta «en un breve periodo de tiempo» en una ley para solucionar, o «al menos paliar», el problema de la ejecución de sentencias de derribo.
Este proyecto es la consecuencia de la reacción del Gobierno de Cantabria frente a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 22 de abril, reiterando el compromiso del presidente Ignacio Diego de que ninguna familia quedará desamparada en este tema.
Proyecto de Ley
Según el titular de Urbanismo, este proyecto de ley permite ejecutar el Plan de Derribos que el Gobierno aprobó en 2011 con los ayuntamientos afectados «sin menoscabar» las facultades de los órganos jurisdiccionales, tal y como recogía la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el mes pasado.
De esta forma, se podrán conceder autorizaciones previas cuando el plan esté aprobado inicialmente con carácter general o, transitoriamente, a pesar de no contar con la aprobación inicial, «cuando tenga los elementos de juicio necesarios para comprobar que la ordenación que recoge ese plan en tramitación es compatible con la edificación preexistente».
El consejero ha añadido que los jueces podrán analizar esas autorizaciones previas y decidir si son conformes a derecho o no. Entonces pueden darse dos circunstancias: si consideran que esa nueva regulación del plan que da lugar a la autorización provisional se ajusta a derecho, las viviendas se mantendrán, «por lo menos», hasta la aprobación definitiva del plan, mientras que si entienden que no son legales porque existe algún vicio de legalidad, las autorizaciones quedarán anuladas.