Segun estimaciones no oficiales, las demandas de los últimos 35 días antes de la entrada en vigor de las tasas suponen un aumento que podría acercarse al cien por cien, especialmente en la vía civil donde este incremento ha sido mayor rspecto a 2011.
La definitiva entrada en vigor del nuevo sistema de tasas judiciales está provocando desconcierto y confusión en los juzgados de Cantabria, que habían cerrado el pasado viernes con una avalancha de demandas y recursos cuyos autores pretendían ahorrarse el abono de los nuevos gravámenes.
Su aplicación provocó también una inusual bajada de la actividad de los registros de los juzgados. Por increíble que parezca, los de Santander y Torrelavega no recibieron ni una sola demanda que llevara grapada la nueva tasa (las pocas que se presentaron no requerían su aplicación). Y eso solo puede obedecer, según funcionarios del decanato, la sala a la que llegan las causas que se distribuyen luego a los juzgados, al reciente aluvión de demandas. Segun estimaciones no oficiales, las demandas de los últimos 35 días antes de la entrada en vigor de las tasas suponen un aumento que podría acercarse al cien por cien, especialmente en la vía civil donde este incremento ha sido mayor rspecto a 2011.
El malestar ante las tasas no rehúye a ningún sector de la justicia. Funcionarios, procuradores, abogados, secretarios, fiscales y jueces, que la semana pasada lo habían escenificado en una concentración, volvieron a denunciar «la entrada en vigor de una justicia para ricos y otra para pobres», en palabras de conocidos abogados cántabros.
En todo caso en los principales juzgados ya se notaba el descenso en el volumen de demandas desde los últimos días, por el temor de muchos ciudadanos a que el tasazo se aplicara con carácter retroactivo. Hubo confusión para conseguir y rellenar los impresos de la Agencia Tributaria. Mientras, la plataforma de funcionarios y abogados recogía firmas contra la norma con una recogida maxiva de apoyos.
Los profesionales del Derecho reiteraron sus críticas a una medida «injusta que grava a los más desfavorecidos». Los funcionarios anunciaron que mantendrán la recogida de firmas contra las tasas, y exigieron que la Defensora del Pueblo y la oposición que interpongan recursos ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, desde el sector de los procuradores de los Tribunales se ha constatado las dificultades para tramitar el pago de tasas, que no está al alcance de todo el mundo «porque hay que tener instalado un certificado digital en el ordenador para hacer el pago». Eso por lo que se refiere a las sociedades anónimas o limitadas, que tienen la obligación de hacer la gestión telemáticamente. A partir del 1 de abril, esa obligación se extenderá a las personas física.
