La senadora socialista Isabel Fernández votó en contra el interés de Cantabria, al igual de los senadores socialistas de Asturias y Galicia.
Un debate en el Senado dejó ver ayer cómo están las posiciones políticas ante la propuesta del Gobierno para rebajar la luz de la industria, plan que el Ejecutivo PRC-PSOE en Cantabria ha cuestionado aliándose con los de Galicia y Asturias para pedir cambios en su contenido. Los votos en contra del PSOE, Izquierda Confederal (grupo parlamentario participado por Podemos) y los nacionalistas vascos y catalanes tumbaron una moción del Grupo Popular de apoyo a las alegaciones del Ejecutivo cántabro y de las dos autonomías ya mencionadas.
El PSOE tachó de «electoralista» la iniciativa popular y los senadores nacionalistas salieron en apoyo del llamado Estatuto del Consumidor Electrointensivo por el trato favorable que reciben las empresas del País Vasco y Cataluña.
La senadora del PSOE por Cantabria, Isabel Fernández, ha votado en contra de las alegaciones presentadas por Galicia, Asturias y nuestra región al borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos. En igual sentido se decantó hace semanas cuando votó en contra de la devolucion del IVA a Cantabria correspondiente a 2017, acatando tanto en este caso como en el de ayer la disciplina de su grupo parlamentario.
Esta iniciativa no ha salido adelante por el voto negativo de los socialistas, Podemos y nacionalistas, destacando como se ha dicho el voto negativo de la senadora Isabel Fernández y el voto a favor de lostres senadores populares (De las Cuevas, Amya Landín y Javier Puente) y el senador autonómico, el regionalista José Miguel Fernández Viadero.
El senador del GPP por Cantabria, Félix de las Cuevas, que ha reprochado al PSOE que vote en contra de la iniciativa presentada por su formación política, y ha reclamado a los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica que admitan las alegaciones presentadas por las empresas afectadas “para no comprometer seriamente su viabilidad”.
Félix de las Cuevas, senador del PP por Cantabria, que como hemos señalado defendió la moción del PP cuya parte dispositiva insta al Gobierno a «aceptar las propuestas contenidas en las alegaciones presentadas por los gobiernos de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria» al borrador del estatuto electrointensivo y a incorporarlas a su texto definitivo. De las Cuevas expuso cómo, en su redacción actual, la propuesta del Ministerio de Industria penaliza a las fábricas con mayores consumos y más expuestas al precio de la enegía, a la vez que se abre el ámbito del estatuto para que beneficie a un mayor número de empresas en todo el país (600 en total), muchas de ellas con menores riesgos asociados a los costes energéticos.
Además, el senador popular ha resaltado que dichas alegaciones han sido presentadas de manera conjunta por Galicia, Asturias y Cantabria, y a propuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, “por encima de las diferencias de partido y fruto de un gran consenso institucional, empresarial y sindical”.
“Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en el norte de España, populares, socialistas y regionalistas; empresarios y sindicatos; además de ayuntamientos y Comunidades Autónomas”, ha subrayado Cuevas.
Reacción de Cs
Por su parte, el portavoz parlamentario en Cantabria de Cs, Félix Álvarez, ha indicado que“una vez más la senadora del PSOE demuestra que su prioridad no es Cantabria, sino lo que quiera Pedro Sánchez”.
“Esta senadora da la espalda a los cántabros de forma reiterada”, ha subrayado Álvarez, que ha recordado que Fernández “ya votó en contra de devolver los 42 millones de euros que el Estado debe a Cantabria en concepto de IVA”, algo que el secretario general del PSOE en la región “justificó aduciendo que Isabel Fernández está en el Senado para respaldar al Gobierno de España”. “O lo que es lo mismo”, ha dicho, “a Pedro Sánchez”.
Según el portavoz parlamentario, “como señaló a través de su cuenta de Twitter el presidente Revilla, los socialistas no tienen arreglo”. “Hablamos de un tema delicado para el futuro de la industria de esta comunidad autónoma, que sabemos de sobra que no atraviesa su mejor momento”, ha concluido.
MOCIÓN Y DEBATE
El Grupo Parlamentario del PSOE en la Cámara Alta presentó una enmienda de sustitución que fue rechazada por el PP. El texto alternativo de los socialistas proponía instar al Gobierno a «analizar todas las alegaciones recibidas», para incorporar las que mejoren el estatuto siendo compatibles con la normativa española y europea, y «especialmente» las alegaciones presentadas por Galicia, Asturias y Cantabria.
El senador socialista Antonio Rodríguez Esquerdo alegó, en contra del texto del PP, que el Grupo Popular se movía por intereses «oportunistas» y «electoralistas», ante la cercanía de las elecciones autonómicas de Galicia, donde la Xunta de Alberto Núñez Feijóo está lanzando continuas críticas al estatuto electrointensivo y denunciando el riesgo inminente de cierres de empresas.
Durante el debate emergieron como aliados del proyecto del Gobierno el PNV, que destacó los beneficios para las empresas vascas (44 compañías beneficiadas, frente a las 15 de Cantabria), y los independentistas catalanes de Junts per Catanlunya. Su portavoz, Josep María Cervera, ensalzó el hecho de que el proyecto de Industria favorece a un alto número de empresas catalanas (153). Por su parte, Rufá Gracia, de ERC, también rechazó la moción del PP, al igual que hizo en nombre de Izquierda Confederal, grupo participado por Podemos, Vidal Matas.
Finalmente, la moción del PP, apoyada por el grupo de Ciudadanos fue rechazada con 136 votos en contra, entre ellos los de la senadora socialista por Cantabria, Isabel Fernández.
LO QUE PIDE CANTABRIA, ASTURIAS Y GALICIA
Galicia, Cantabria y Asturias han presentado alegaciones comunes al Estatuto para la Industria Electrointensivaque piden elevar la rebaja prevista del precio de la energía para las empresas industriales con un mayor consumo de electricidad que operan en sectores como el siderúrgico o el metalúrgico.Las tres comunidades, junto a las compañías afectadas, han consensuado el documento que una vez ratificado han enviado al Gobiernocentral dentro del plazo de alegaciones al texto.
Las alegaciones al decreto plantean en primer lugarestablecer en el estatuto una nueva categoría, la de consumidor altamente electrointensivo, pese a las dudas existentes sobre la posibilidad de que la Comisiòn Europea rechace dicha catalogación al considerarlas ayudas de Estado.
Con las previsiones del texto aprobado por el Gobierno la rebaja media en el precio de la energía que obtendrían las empresas beneficiarias en su conjunto sería de 2,25 euros por megavatio aunque las de mayor consumo verían reducida esa cifra a 0,54 euros mientras que «las menos necesitadas» disfrutarían de una rebaja de algo más de seis euros. «Esta estructura no es suficiente, no aborda el problema de las altamente electrointensivas», ha apuntado Fernández por lo que la propuesta elaborada por las tres comunidades permitiría que esas empresas obtuviesen una reducción del precio de la energía que consumen de unos diez euros por megavatio.
Otras medidas
Las alegaciones de Asturias, Galicia y Cantabria plantean, además, elevar hasta el máximo posible de la normativa vigente las ayudas por costes indirectos de CO2de forma que alcanzasen los 300 millones de euros anuales y que esa cuantiá quedase reflejada en los Presupuestos Generales del Estado, así como mejorar la fiscalidad de las empresas que piden incluir en la categoría de altamente electrointensivas.
Además, proponenaumentar los incentivos para facilitar que la industria suscriba los contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo(PPA’s) con compañías de renovables y que la obligación de llevarlos a cabo recaiga, además de en las consumidoras, en las productoras de electricidad e incorporar a las comunidades autónomas que analizarán los riesgos de dichos compromisos.
Asimismo han planteadorecuperar el formato previo a la última subasta de interrumpibilidad, el mecanismo por el que las grandes industrias consumidoras de energía reciben pagos por su disponibilidad a interrumpir el consumo en caso de que sea necesario para el sistema eléctrico o para controlar los precios de la luz, que se saldó sólo con una retribución total de 4,38 millones de euros frente a los 95 millones que obtuvieron en la anterior.
