La secretaria de Política Municipal, Isabel Fernández, exige a De la Serna, como presidente de la FEMP, que detenga lo que califica de “grave atentado antidemocrático al municipalismo”
El proyecto de ley de reforma local aprobado hoy por el Consejo de Ministros es un “atentado antidemocrático sin precedentes al municipalismo”, afirmó la secretaria de Política Municipal del PSC-PSOE, Isabel Fernández. En el caso de Cantabria la ley “secuestra” las competencias para la prestación de servicios de cercanías a los vecinos en 97de los 102 municipios, todos los que cuentan con menos de 20.000 habitantes, lo que a corto plazo provocará el despido de un importante número de trabajadores.
Fernández exigió al alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que cumpla con su obligación de defender a los municipios por encima de “sumisiones partidistas”, liderando el rechazo a una ley que la inmensa mayoría de los alcaldes de España, incluidos muchos del PP, consideran que “abre la puerta” a la privatización de servicios municipales y convierte a los ciudadanos en “los grandes perdedores” de esta reforma
La responsable de la política municipal en la Ejecutiva socialista dijo que De la Serna no puede pretender, “poniéndose la venda antes de la herida”, ganar tiempo con el argumento de que todavía queda el trámite parlamentario para introducir cambios. “Lo único que se puede hacer con el proyecto del Gobierno, un bodrio difícil de arreglar, que no soluciona nada, no clarifica competencias, no evita duplicidades, ni simplifica la estructura administrativa de las entidades locales de nuestro país, como tampoco solventa en ningún caso los problemas financieros que tienen los ayuntamientos, es retirarle ya”, enfatizó.
En opinión de Fernández, De la Serna no pude servir al mismo tiempo a ‘dos señores’: “O está con los ayuntamientos y los vecinos o está con el PP y con Montoro; que él elija”.
Fernández señaló que no sólo los ayuntamientos pierden competencias y se deteriora la prestación de servicios que actualmente vienen ejerciéndose desde el ámbito municipal, lo que afectará directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, sino que “tendrá efectos muy negativos sobre el empleo”, con varios miles de trabajadores que se verán abocados a engrosar las listas del paro.



