Rafael de la Sierra insta al presidente a utilizar la mayoría absoluta del PP en Cantabria y en las Cortes en defensa de los derechos de los propietarios
El Grupo Regionalista presentará una proposición no de ley en el Parlamento para exigir al presidente regional, Ignacio Diego, que utilice “las posibilidades que permite la mayoría absoluta” del PP en Cantabria y en Madrid y aproveche que está en marcha un procedimiento de modificación de la ley estatal de Montes para “presentar, defender y aprobar” los cambios necesarios en aras a garantizar las titularidades de los afectados cántabros y la gestión de los consorcios “en la forma en la que tradicionalmente fueron gestionados”.
Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, y el diputado responsable en materia de Desarrollo Rural, Fernando Fernández, que han defendido la modificación de la norma estatal como la única solución “con seguridad jurídica” a la problemática que sufren los propietarios precisamente desde que fue aprobada esa norma en 2003, por el Partido Popular, y cambió la calificación tradicional de los montes como bienes de utilidad pública para denominarlos dominio público.
De la Sierra ha recordado que esta solución también fue defendida por el presidente regional antes de ganar las elecciones y ha leído textualmente el compromiso que asumió entonces con los afectados: “si salgo elegido de las urnas, en los 100 primeros días de gobierno, conseguiré introducir una disposición transitoria en la Ley de Montes de 2003, por la que las propiedades afectadas que pasen a ser de dominio público con esta legislación permanecerán tal como estaban antes de 2003”.
Sin embargo, ese compromiso “tan claro, tan rotundo y tan posible, ha sido incumplido como tantos otros”. “Llevamos ya dos años de legislatura y no se ha hecho absolutamente nada, mientras el problema va a peor de lo que estaba en mayo de 2011”, ha denunciado el portavoz regionalista.
Por ello ha urgido a tomar medidas y a hacerlo ahora que está planteada una modificación de la ley, porque “es el momento” y “si el presidente quiere, puede, dado que tiene mayoría absoluta en Cantabria y en Madrid”.
La exigencia del PRC, que además de a Diego está dirigida al Gobierno, al Grupo Popular y a los representantes de la Comunidad Autónoma en las Cortes, persigue un cambio en la ley que permita resolver “en justicia” todas las situaciones de los propietarios de montes que han venido actuando como tales, reconocidos por la propia Administración con actuaciones tan evidentes como el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la inscripción en el catastro y en el Registro de la Propiedad.
Aboga además por mantener el sistema tradicional de consorcios, “que tan buen resultado ha dado en Cantabria y ha permitido conservar en buena parte los montes”, e introducir la disposición transitoria defendida en su día por Diego para que la ley no sea aplicable en tanto se solucionan los problemas que ha originado en la región.
Sin soluciones, ni respuestas
El Grupo Regionalista ya presentó una proposición no de ley con estos objetivos el 17 de abril de 2012, la cual fue rechazada por el PP porque iba a iniciar el procedimiento para acabar con el problema, pero esas soluciones no han llegado y el Gobierno tampoco ha querido contestar a las preguntas escritas registradas el pasado mes de octubre por el PRC para conocer cuántos problemas concretos de titularidad ha logrado resolver.
Ante esa falta de respuesta, Fernando Fernández ha instado la convocatoria de la Comisión de Ganadería y la comparecencia de la consejera, Blanca Martínez, en una sesión que está prevista para mañana y en la que le exigirá esa información.



