El pleno del Ayuntamiento de Santander ha dado luz verde de forma definitiva a la nueva ordenanza de aparcamiento en la ciudad. El texto ha salido adelante únicamente con los votos de la mayoría absoluta del Partido Popular y con el rechazo en bloque de PSOE, Vox y PRC.
La votación se ha realizado de manera conjunta con la desestimación de las nueve alegaciones presentadas en el último plazo de consulta. Todas ellas ya habían sido rechazadas el lunes en la Comisión de Administración, Buen Gobierno y Participación.
En el documento final se han incorporado varias enmiendas de los grupos municipales, así como más de un centenar de las 150 sugerencias recogidas durante la consulta ciudadana. No obstante, el Ayuntamiento deberá aprobar aún otra ordenanza específica para fijar las tarifas y bonificaciones de la nueva OLA, actualmente en preparación.
Críticas de la oposición
El portavoz socialista, Daniel Fernández, defendió que el PSOE ha sido el único grupo en presentar alegaciones en este último trámite, reprochando al PP que la norma “vuelve a pecar de conformismo” y que “se ha perdido la oportunidad de crear zonas verdes para residentes” en barrios como el Pesquero. Además, acusó a PRC y Vox de ser “cochistas y motistas”.
Desde Vox, Laura Velasco rechazó que los santanderinos tengan que “pagar por ir a la playa” con la OLA estival en El Sardinero y denunció que el transporte urbano “va abarrotado y, eso si llega”.
Por su parte, el regionalista Felipe Piña aseguró que la ordenanza “no es justa” y constituye “una carga impositiva más” para los vecinos. Defendió que la OLA en El Sardinero sea gratuita para los empadronados en Santander, que se creen zonas exclusivas para residentes y que las motos no tengan que abonar estacionamiento. “Dice Fernández que soy cochista y motista; pues sí, defiendo al vecino que tiene coche y moto”, remarcó.
El PP defiende el proceso
El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, recordó que el texto se viene trabajando desde finales de 2023 y aseguró que en este tiempo “se ha enriquecido con enmiendas, sugerencias y alegaciones”. Reconoció la falta de consenso pero defendió que “se ha buscado el bien general por encima de intereses particulares”.
Las alegaciones rechazadas correspondían a seis particulares o comunidades de vecinos, dos del sector del taxi —que pedía excepciones en sanciones— y una del PSOE relativa a terrenos que no son de titularidad municipal.
