El presidente del CGPJ considera «difícilmente explicable» la medida – El Consejo de la Abogacía habla de «chapuza en concepción y desarrollo»
El poder judicial, los partidos salvo el PP y hasta un barón popular como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, cercaron ayer al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que se quedó solo, si se exceptúa el apoyo del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la defensa del alza de tasas judiciales.
Esta muralla de oposiciones frontales se produjo 24 horas después de que, oficialmente, la falta de los impresos necesarios, impidiera la entrada en vigor de las nuevas tasas. La subida supondrá que los ciudadanos tendrán que pagar tasas de entre 100 euros, por la reclamación de una deuda, hasta 1.200, si recurren ante el Tribunal Supremo.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, afirmó que la ley de tasas judiciales es «difícilmente explicable» y añadió que «si se ve afectada la tutela judicial al no poder acceder a la justicia todos los ciudadanos, eso sí sería preocupante». El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, consideró que la aplicación de las tasas es una «verdadera chapuza tanto en su concepción como en su desarrollo».
El PSOE exigió al Gobierno que las derogue o que suspenda su aplicación mediante un decreto ley, o que al menos no las aplique a las personas físicas.
Aunque el PP cierra filas en torno a Gallardón, algunos barones, como Núñez Feijóo, se desmarcan. El presidente gallego consideró que «determinadas» tasas deberían «ser reconsideradas en su volumen, importe y cuantía».
