Solicita también a la Agencia Tributaria información sobre cobros y pagos realizados por terceros al PP de 1990 al 2005
La noticia está desde anoche en todos los rotativos nacionales y diarios digitales. El juez Pablo Ruz ha pedido al PP que le remita la información de su cuenta de «gastos de representación» de 2004 a 2012, así como los libros de contabilidad de las sedes territoriales de Galicia, Cantabria, La Rioja, Cataluña y Málaga y Sevilla entre 1997 y 2007. Hay que recordar que Bárcenas fue senador por Cantabria hasta su dimisión y que el PP regional apareció en los llamados papeles del extesorero, si bien las anotaciones fueron desmentidas por los dirigentes del PP cántabro que ostentaban en aquella época la dirección del partido.
En un auto, Ruz acuerda una serie de diligencias de documentación pedidas por el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, entre ellas la información de 2001 a 2008 de los registros de entrada a la sede del PP de la calle Génova relativa a los ocho empresarios querellados por los llamados papeles de Bárcenasque declararon esta y la pasada semana en la Audiencia Nacional. Estos empresarios son Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir; el presidente del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero; Manuel Contreras, del grupo de empresas Azvi SL, y Juan Manuel Fernández, de Aldesa Construcciones. Dos de ellos, el expresidente de FCC Construcción José María Mayor Oreja y el apoderado de la constructora Rubau, Antonio Vilela, reconocieron que hicieron pagos al PP en la sede del partido. Otras de las diligencias pedidas son información a la Agencia Tributaria sobre cobros y pagos realizados por terceros al PP de 1990 al 2005 y testimonio de las declaraciones del impuesto de sociedades del partido de 2007 y 2008.
En cuanto a la información de las contabilidades territoriales, el juez pide a la tesorera del PP, Carmen Navarro, los libros del mayor y diario de Galicia entre 1997 y 1999; de Málaga los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2004 y 2007; de Cantabria de 2004, 2007 y 2008; de Sevilla de 2004 y 2008; de La Rioja de 2008 y de Cataluña de 2007.
Respecto a la cuenta titulada «gastos de representación», el juez que instruye la supuesta contabilidad paralela en el partido pide a la tesorera su soporte documental, «incluidas las órdenes de transferencia bancaria» y «las anotaciones contables acreditativas de los pagos». Reclama también, de acuerdo con la petición de la Fiscalía, «todo tipo de contratos» de ocho empresas que figuran como donantes en los papeles con la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, las locales y los organismos autónomos, «en relación con la eventual concesión a las mismas de adjudicaciones públicas».
En concreto, reclama los contratos públicos de las sociedades Sorigue-ACSA, Conservación de Infraestructuras; Sorigue; José Antonio Romero Polo; Licuas; Desprosa; Grupo de Empresas Bruesa; Bruesa Construcción y Cyopsa-Sisocia.
Finalmente, reclama a la Agencia Tributaria la declaración de operaciones con terceros de una treintena de empresas. Se refiere a Constructora Azvi; Construcciones Sánchez Domínguez Sando S.A.; Assignia Infraestructuras; Aldesa Construcciones; José Antonio Romero Polo; Sacyr Vallehermoso; OHL; FCC; FCC Medio Ambiente; Copasa; Construcciones Rubau; Rubau Tarres; Urazca Construcciones y Urazca Servicios y Medio Ambiente. También pide las operaciones con terceros de Sedesa Obras y Servicios; Sedesa Concesiones; Copisa Constructora Pirenaica; Mercadona; Ingeniería Salado Suárez; Ploder Uicesa; Sorigue-Acsa; Sorigue; Licuas; Desprosa; Grupo de Empresas Bruesa, y Bruesa Construcción y Cyopsa-Sisocia.
