La situación judicial de Begoña Gómez da un vuelco tras la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado García de enviar a juicio a la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El caso, que se instruye desde hace casi dos años, entra ahora en una fase decisiva tras el rechazo del juez a la petición de archivo formulada por la Fiscalía. La resolución considera que existen indicios suficientes para que los hechos sean analizados en un juicio ante el Tribunal del Jurado, lo que sitúa a Gómez en el centro de uno de los procedimientos más sensibles del panorama político español.
La investigación pone el foco en su actividad dentro de la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigía un máster sin contar, según el auto, con titulación universitaria ni un proceso de selección formal. Este hecho, unido a testimonios que apuntan a decisiones adoptadas tras reuniones en Moncloa, refuerza la hipótesis de un posible trato de favor derivado de su cercanía al poder.
Otro de los elementos clave del caso son las cartas de apoyo firmadas en 2020 a favor de una unión temporal de empresas vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés Cónsul, también investigado. El juez considera que estas actuaciones pudieron suponer un beneficio directo en licitaciones públicas, en un contexto en el que Barrabés mantenía relación profesional con Gómez.
Sin embargo, el núcleo más relevante del procedimiento gira en torno al desarrollo de un software en el seno de una cátedra universitaria. Según la investigación, este proyecto habría sido financiado tanto con fondos públicos como con aportaciones de grandes empresas tecnológicas, pero posteriormente habría sido registrado y explotado fuera del ámbito universitario. Este punto es clave para sustentar los indicios de apropiación indebida y malversación.
El auto también analiza el papel de otros implicados, como Cristina Álvarez, que habría percibido retribuciones públicas mientras participaba en actividades privadas vinculadas al proyecto. En paralelo, Juan Carlos Barrabés Cónsul mantiene imputaciones por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aunque queda fuera de los delitos económicos más graves.
La causa ha sido impulsada por acusaciones populares como VOX, Manos Limpias, HazteOir e Iustitia Europa, lo que añade una fuerte dimensión política a un proceso que ya genera un intenso debate en la opinión pública.
Con la apertura de juicio oral cada vez más cerca, el caso de Begoña Gómez se consolida como uno de los mayores retos judiciales y políticos para el entorno de Pedro Sánchez, en un contexto marcado por la polémica sobre el uso de recursos públicos, la transparencia institucional y la influencia del poder político en organismos académicos y empresariales.
