El ingreso mínimo vital podría ser de entre 400 y 500 euros y supondría unos 6.000 millones anuales a la arcas públicas

El ingreso mínimo vital es una petición de Unidas Podemos, que finalmente se impone en el Gobierno de coalición a la hora de ponerla en marca, pese a que su reivindicación histórica de la izquierda es la de la renta básica universal. Es decir, que ningún
Es hora de hablar de números, ahora que parece que en el mes de mayo habrá al fin «ingreso mínimo vital» para las familias sin recursos. En el contexto de la crisis económica que vendrá por el coronavirus nada más acabar la cuarentena, unas 100.000 familias, según cálculos del Ministerio de Seguridad Social, serían beneficiarias de esta ayuda pública.
En cuanto a la cuantía, se especula con que esta ayuda estaríaen torno a los 400-500 euros al mes, por tanto supondríacerca de 6.000 millones anuales a la arcas públicas. Unas arcas ya castigadas por la deuda pública y que tendrán que afrontar otros tantos gastos sociales que vendrán con el alto paro que se espera por la crisis del covid-19. Según el FMI, en España la tasa de desempleo se podría disparar al 21%, y la deuda al 115% respecto al PIB, el cual caería un 8% en este 2020.
El ingreso mínimo vital es una petición deUnidas Podemos, que finalmente se impone en el Gobierno de coalición a la hora de ponerla en marca, pese a que su reivindicación histórica de la izquierda es la de larenta básica universal. Es decir, que ningún ciudadano esté sin recursos económicos por su situación laboral o personal.
El ministro de la Seguridad Social,José Luis Escrivá, confirmó ayer miércoles que el Ejecutivo va a adelantar su aprobación bajo el nombre de «Ingreso Mínimo Vital» y que estará destinado «a familias sin recursos». Estará preparado para disponerse «en semanas, en un tiempo récord», dijo el ministro, quien recientemente descartaba su implementación inmediata, pero las presiones de Unidas Podemos en el gobierno de coalición han dado su fruto.
Escrivá lo afirmó en el Congreso de los Diputados tan sólo 24 horas después de queMaría Jesús Montero, titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, dijera que a esta renta básica le quedaban meses de preparación.
Su instauración había sido motivo de enfrentamiento interno entre miembros del PSOE, Unidas Podemos y ministros independientes, como Escrivá o la ministra de Economía y vicepresidenta tercera,Nadia Calviño. Desde este sector se pretendía unas ayudas ‘puente», hasta encontrar un sistema de financiación más asentado, y dar respuestas a las familias más castigadas por la economía o por la crisis del covid-19.
DECLARACIONES
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,José Luis Escrivá, ha reconocido el «fuerte impacto» de la crisis del coronavirus en el empleo, ya que soloen 21 días se han perdido tantos puestos de trabajo como en los 102 peores días de la crisis de 2008. Sin embargo, ha querido lanzar un mensaje de optimismo alegando que el empleo ha entrado en «fase de estabilización» y ha defendido que las medidas decretadas por el Gobierno «podrán proteger las rentas de 6 millones de personas, más del 30% de la población activa ocupada».
Escrivá ha llamado al optimismo a pesar de los demoledores datos relacionados con el impacto de la crisis del coronavirus en el empleo. «Se aprecia en las últimas semanas una estabilización en el empleo», después de la intensa de pérdida de puestos de trabajo en los días anteriores y posteriores al decreto del estado de alarma del pasado 14 de marzo.El ministro ha subrayado que, tras una fase con una intensa destrucción de empleo, «desde el 24 de marzo hemos entrado en una fase de estabilización, que continúa durante la primera mitad de abril». Tras la caída de más de 600.000 afiliados a la Seguridad Social en los días en torno al decreto de alarma, se aprecia que, a partir del día 24 «no hemos vuelto a ver las caídas en afiliación de los niveles de los días anteriores y posteriores al decreto de alarma (14 de marzo)», con la única excepción del 31 de marzo, aunque en este caso, la evolución está condicionada por el habitual fin de contratos a final de mes.Según el ministro, «durante los primeros días de abril, ha habido incluso, varios días con creación de empleo», y según ha reiterado la tendencia a la estabilización es común en todo el país, y ha destacado que hay ocho provincias donde crece la afiliación en la primera mitad de abril (Badajoz, Huelva, Cádiz, Murcia, Albacete, Baleares, Huesca y Tarragona).Escrivá ha subrayado que el cambio de tendencia en el mercado de trabajo «se debe en parte a las medidas de protección del empleo tomadas por el Gobierno a partir del 17 de marzo. En este sentido, ha subrayado que las medidas aprobadas «son muy extensas y podrán proteger las rentas de 6 millones de personas, más del 30% de la población activa ocupada».Según ha detallado, la respuesta del Ejecutivo ha permitido proteger a más de 5 millones de personas, entre lascasi 4 millones de personas acogidas a ERTE, el 16% de la población activa, y elmillón de autónomos que se calcula que podrán recibir la prestación, así como las empleadas de hogar y temporales sin derecho a prestación, que serán cubiertas por las últimas medidas aprobadas. Escrivá ha defendido que la respuesta española ha sido de las «más ambiciosa y de las más rápidas» entre los países de nuestro entorno en cuanto a la cobertura de rentas se refiere, por encima de países anglosajones y en línea con países como Italia o Francia. Según el ministro, a más del 50% de los ERTE solicitados ya se les ha efectuado la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores.Escrivá ha subrayado que elgrueso de la pérdida de empleo ha recaído sobre trabajadores con contrato temporal. Por el contrario, el régimen de autónomos ha tenido un comportamiento más positivo, con una pérdida de 56.000 afiliados desde el 12 de marzo. En concreto, mientras que el régimen general registra una caída del 6%, el de autónomos no llega al 2%.El ministro de Inclusión ha destacado la acogida de laprestación extraordinaria para autónomos, por cese de actividad puesta o con una caída de la facturación del 75%,ya ha registrado casi 950.000 solicitudes. Esta prestación, que supone un beneficio económico mínimo de 950 euros al mes, será percibida este viernes por más de 800.000 beneficiarios. «La prestación se está concediendo casi al total de las personas que la han solicitado, con una aceptación del 97% de las solicitudes».Para favorecer la liquidez de las empresas, se han aprobado dos medidas. En primer lugar, la posibilidad de aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social con un interés del 0,5% (siete veces inferior al habitual) para las cuotas pagaderas en los meses de abril, mayo y junio. Hasta el 12 de abril, se habían solicitado más de 92.000 aplazamientos, de los que un 30% correspondían a trabajadores por cuenta propia. Esta medida, que puede ser solicitada por cualquier empresa que no tenga otro aplazamiento en vigor, conlleva, además, el incremento de las cuantías de las deudas aplazables exentas de garantías para favorecer la liquidez del tejido productivo.En segundo lugar, el Gobierno ha aprobado una moratoria de seis meses para las cotizaciones que se tienen que pagar en los meses de abril, mayo y junio. En los próximos días se publicará una Orden Ministerial con el detalle de los sectores que podrán acogerse a esta medida.Según ha expuesto, se han adoptado variasmedidas para favorecer la incorporación de profesionales sanitariosen estas circunstancias excepcionales. Por un lado, se ha flexibilizado la reincorporación de profesionales sanitarios jubilados manteniendo la pensión que percibían y, por otro, se ha agilizado el tratamiento de los expedientes en las Oficinas de Extranjería para acelerar la autorización de residencia y trabajo de profesionales del sector sanitario extranjeros en situación regular, priorizando aquellos expedientes cuyo trámite ya estaba abierto antes de la entrada en vigor del estado de alarma. Gracias a esta última medida, cerca de400 profesionales sanitarios cuentan con las autorizaciones necesarias para ser contratados.Escrivá ha señalado también otrasmedidas tomadas en el ámbito migratorio, como la flexibilización de la contratación en el sector agrario autorizando la incorporación de jóvenes de terceros países entre los 18 y los 21 años que se encuentren en situación regular, así como la prórroga hasta el 30 de junio y sin ningún trámite adicional de la autorización de residencia y trabajo de aquellos migrantes que así lo precisaran. Asimismo, para atender la demanda de mano de obra en el campo, se está procediendo a prorrogar las autorizaciones de trabajo y residencia de las 7.028 temporeras marroquíes que llegaron a Huelva antes del establecimiento de restricciones en fronteras exteriores.