El IMV llega en diciembre a más de 1.800 hogares en Cantabria, en los que viven 5.204 personas

Según Delegación del Gobierno del total de personas beneficiarias en Cantabria, el 47,8% son menores
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a 1.808 hogares en Cantabria  el Ingreso Mínimo Vital. De esta manera, la prestación llega ya en diciembre a 5.204 personas en la Comunidad Autónoma, de las que 2.491 son menores, es decir, prácticamente la mitad de los beneficiarios, un 47,8%, son menores. La nota oficial de la Delegación del Gobierno no da cuenta de las peticiones desestimadas, que han sido muchas al no reunir los requisitos regulados por el Ministerio.
Los hogares beneficiarios recibirán en unos días el importe del pago correspondiente a la nómina de diciembre, la séptima que abona la Seguridad Social. Este pago contempla también el efecto de la retroactividad desde junio en los casos correspondientes. En total, desde que se puso en marcha esta prestación, el INSS ha abonado a nivel nacional (incluyendo esta nómina) más de 518 millones de euros.
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los seis primeros meses de existencia de la prestación dedicada a hogares en situación de vulnerabilidad, se han recibido 9.765 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital en Cantabria. Del total que han llegado por diferentes canales, 516 expedientes estaban duplicados, lo que supone que eran válidos 9.249.
En los seis meses de vigencia de la prestación, la Seguridad Social ha tramitado cerca del 74,5% de los expedientes válidos, es decir, se han gestionado ya 6.892 solicitudes en la Comunidad Autónoma.
El INSS ha resuelto 5.301 expedientes en Cantabria, lo que supone el 76,9% de las solicitudes tramitadas. Mientras, a otras 1.591 personas de la región se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación. Por otro lado, 3.493 solicitudes del IMV han sido denegadas en Cantabria, en la mayoría de los casos por superar los niveles de renta y patrimonio.
Tras las mejoras realizadas en la tramitación, quedan pendientes de analizar 2.357 expedientes en Cantabria, buena parte de ellos recibidos durante las últimas semanas.
PASARELA PARA AGILIZAR EL TRÁMITE
En Aragón, se ha realizado una prueba piloto con el objetivo de identificar a los beneficiarios de la renta autonómica que cumplen los requisitos del Ingreso Mínimo Vital y permitir su reconocimiento sin que tengan que realizar una solicitud de la prestación gracias a una pasarela desarrollada para el intercambio de datos entre administraciones. Tras el éxito de la prueba piloto, se pretende que esta pasarela pueda extenderse a otras comunidades autónomas para facilitar la transición entre las rentas mínimas autonómicas y el IMV.
En este sentido, dentro de la colaboración que se mantiene con las comunidades autónomas, esta pasarela se constituirá como un mecanismo permanente de intercambio de información que permitirá una reconversión ágil al IMV de los beneficiarios de las rentas autonómicas que cumplan los requisitos.
NOVEDADES EN LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital es una norma “en continua evaluación”. Según Escrivá, “en las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria”, fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que, a menudo, se ven obligadas a compartir vivienda.
En este aspecto, está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales. También se trabajará en este mismo sentido con las organizaciones del Tercer Sector. Entre las mejoras que se introducirán próximamente también está la de facilitar el acceso a la prestación por parte de personas sin hogar, de forma que “quedará excluido el límite de titulares por unidad de convivencia” en casos de convivencia en hogares colectivos (albergues, centros de acogida…), según ha indicado Escrivá.