El Gobierno dispuesto a aprobar la reforma local por decreto si el PSOE no pacta

TODO INDICA que el acuerdo entre el PP y el PSOE para impulsar la reforma de la Administración Local no está cerrado. Ni mucho menos. Según advirtió ayer el secretario de ciudades y política municipal de los socialistas, Gaspar Zarrías, «está hoy muy leja
El Gobierno tiene previsto aprobar la primera reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de la democracia este mes, probablemente en el Consejo de Ministros del día 18. No quiere esperar más para llevar a cabo una de sus principales promesas electorales. Por ello está dispuesto a hacerlo por decreto-ley si finalmente no cierra un pacto con los socialistas, aunque luego se tramitaría como proyecto de ley para que se pudieran introducir enmiendas.
El acuerdo entre el PP y el PSOE para impulsar la reforma de la Administración Local no está cerrado. Ni mucho menos. Según advirtió ayer el secretario de ciudades y política municipal de los socialistas, Gaspar Zarrías, «está hoy muy lejano», aunque dejó clara la voluntad de su partido por alcanzarlo. En la dirección popular se mostraban más optimistas, por el alto grado de coincidencia que hay en los temas clave.
Existe consenso en la necesidad de clarificar las competencias en el ámbito local para evitar duplicidades y redefinir los servicios que deben ofrecer los Ayuntamientos y los que corresponden a otros órganos de gobierno de carácter local, autonómico y estatal. Según el Ejecutivo, esto supondría un ahorro de unos 3.500 millones de euros. También lo alcanzaron sobre la necesidad de racionalizar los sueldos de los alcaldes para que no superen los 67.055 euros que cobran los secretarios de Estado. Actualmente hay 14 regidores que sobrepasan esa cifra, con el de Barcelona, Xavier Trías, a la cabeza (109.939).
Pero donde el desacuerdo persiste es en el papel que deben jugar las diputaciones. El Gobierno quiere que los municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan unos requisitos mínimos de calidad cedan a las diputaciones la prestación de servicios básicos como el suministro del agua, la recogida de basura y los transportes. Según el PP, existiría un principio de acuerdo con los socialistas. Pero Zarrías precisó que las discrepancias sobre las diputaciones se mantiene y denunció que detrás de ese planteamiento «está el intento de privatizar servicios que en estos momentos se prestan por parte de las Administraciones».
También está por decidir el futuro de las 1.032 mancomunidades, encargadas de ofrecer servicios a varios Ayuntamientos. El Gobierno quiere eliminar muchas de ellas. Los socialistas no se niegan, pero no sin antes hacer una evaluación una a una de su funcionamiento. Esto no supondría un obstáculo pues el Ejecutivo también está dispuesto a mantener las que funcionen. Por su parte, el PSOE andaluz advierte de que no consentirá que se supriman.
Otro punto de fricción es la propuesta gubernamental de reducir el número de concejales. En principio el Ejecutivo pretendía la eliminación del 30 %, pero ahora accede a que esta sea menor. Los socialistas argumentan que el 85 % de ellos no cobran y que su supresión no solo no significa ahorro, sino que «resta democracia y pluralidad», según Zarrías. Este señaló que cuando el pacto parecía al alcance, después de semanas de diálogo constructivo, el Gobierno puso de nuevo sobre la mesa cuestiones ya discutidas, como la medición de los controles de calidad de los servicios locales para determinar si las competencias se traspasan a las diputaciones, lo que hizo, lamenta, que «estemos como en marzo».
EL PSOE ANDALUZ PONE TRABAS
El PSOE de Andaluicía ha rechazado esta mañana sin apenas paños calientes el pacto que están fraguando el Gobierno central y los socialistas a nivel federal para reformar la Administración local y que pasa, entre otras iniciativas, por suprimir las mancomunidades de municipios y por reducir el número de concejales en los Ayuntamientos. El vicesecretario de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, ha asegurado, incluso, que hasta donde a él le consta “no hay tal pacto” y habla de un “teórico acercamiento”.
“No vamos a respaldar que desaparezcan las mancomunidades, que prestan servicios esenciales a municipios que, de otra manera, carecerían de ellos. Tampoco vamos a respaldar la usurpación de las competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes, ese no es el camino”.
Jiménez ha rechazado también la posibilidad de reducir el número de ediles en los consistorios y las llamadas entidades locales autónomas —administraciones menores en núcleos de población alejados de los Ayuntamientos—. “Reducir el número de concejales es reducir la democracia”, ha afirmado Jiménez, una de lasmanos derechasdel presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE federal, José Antonio Griñán. Jiménez ha afirmado que esta reducción va en la línea marcada por la “cínica e hipócrita [María Dolores de] Cospedal”. La dirigente popular y presidenta de Castilla-La Mancha, que percibe 158.000 euros anuales del Gobierno y de su partido, excluyó de los Presupuestos de esa comunidad los salarios de los miembros del Parlamento autonómico.
El acuerdo entre PSOE y Gobierno sobre la administración autonómica ha sido ultimado por Gaspar Zarrías, responsable de Política Municipal del PSOE y exconsejero andaluz con Manuel Chaves, y Manuel Cobo, su homólogo del PP.
POSIBLE ALCANCE DEL ACUERDO
El acuerdo entre elGobiernocentral, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el PP y elPSOEpara la reforma de la administración local podría cerrarse en los próximos días, dada la buena disposición de todas las partes, las renuncias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y una vez superada la oposición frontal de los socialistas y la rebelión de los alcaldes con los del PP a la cabeza. Según el texto que traban PP y PSOE, la cifra actual deconcejales-68.482- se reducirá en 15.000, un 21%, de cara a las próximas elecciones locales, que se celebrarán el 2015, en lugar del 31% -21.300 ediles- que pretendía ahorrar el Gobierno. Los ayuntamientos con tres concejales no acusarán los cambios y se establecerá un baremo de reducción proporcional en función de los habitantes del municipio. Así lo publica hoy La Vanguardia.Una entrevista del presidente de la FEMP, el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, del PP, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la designación del vicesecretario territorial del PP, Javier Arenas, como interlocutor para negociar con el Gobierno, la FEMP y el PSOE, fueron claves para que las posturas se hayan acercado, tanto en lo referente a los sueldos de los alcaldes como en lo relativo al número de concejales. En lo que respecta a los salarios, el límite máximo será el sueldo de secretario de Estado, 71.800 euros brutos anuales, en lugar de la propuesta inicial de que el tope fuera el sueldo de un ministro, 69.000 euros. El segundo punto del acuerdo, la reducción de concejales, era un aspecto que Hacienda consideraba imprescindible para la racionalización de la administración.Además, PP y PSOE mantienen abierta la negociación sobre el número de ediles liberados, es decir con sueldo fijo, que podrá tener cada ayuntamiento, y que se fijará en relación con la población. El resto de los concejales cobrarán sólo dietas por asistencia al pleno o a comisiones. En principio, el Gobierno pretendía que sólo pudieran cobrar sueldo fijo los que ejercieran tareas ejecutivas en el gobierno local y los portavoces de los grupos, pero tanto la FEMP como el PSOE argumentan que la oposición también debe tener capacidad para las tareas de control al gobierno local. Asimismo se limitará el personal de confianza, que no superará el número de ediles.También se suaviza uno de los elementos de la reforma que más oposición encontró entre los alcaldes: que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes perdieran competencias sobre servicios básicos a favor de las diputaciones. Según las fuentes consultadas, se están fijando los estándares de calidad que se pedirán a los ayuntamientos y se abrirá un periodo transitorio de cinco años para evaluar la gestión local.Gobierno y PP están intentando que el acuerdo con el PSOE para la reforma local abarque todos los elementos que se están negociando. Pese a la predisposición de las partes, la imagen de unidad de los dos grandes partidos podría ser efímera, ya que después tocará reformar la administración autonómica, y ahí la negociación se prevé más difícil, pues afecta a las competencias de las comunidades y se orientará a evitar duplicidades en la gestión.El Gobierno pretende que la reforma de la administración local no se retrase y espera enviarla al Congreso este mes para que sea debatida y el acuerdo pueda ampliarse a otros grupos de la Cámara. Según las fuentes consultadas, si el PSOE no quiere cerrar un pacto global, pero está dispuesto a firmar acuerdos parciales de enjundia, como los referentes a los sueldos o la reducción de concejales, Gobierno y PP están dispuestos a facilitarlos.