El Gobierno de Madrid no logra tapar el fraude de sus cursos de formación

El escándalo de Madrid viene a sumarse al de otras Comunidades Autónomas. Conscientes de la transcendencia y del recorrido del caso, el Ejecutivo regional ha confirmado que está investigando a un centenar de organizaciones, tanto empresariales como sindic
Elfraudeen lassubvencionesdestinadas acursosdeformaciónde lapatronal madrileñadobla al del sindicato UGT en Andalucía y multiplica por 25 el montante del caso del empresario Pallerols a cuenta de la financiación ilegal del partido político Unión Democrática de Catalunya (UDC). En total el agujero asciende a15 millonesdeeurosgracias a un entramado delictivo perpetuado en Madrid desde mediados de los noventa.
El ‘modus operandi’ salió de la cabeza del empresario José Luis Aneri quien, según señala el diario ‘El País’, se embolsaba las ayudas para, supuestamente, emplearlas en cursos no presenciales. Estos debían realizarse a través de una plataforma digital que actuaba como pantalla. Pero en realidad no había ni cursos, ni alumnos. Un descuido en 2013 puso en alerta a los técnicos del Gobierno regional quienes denunciaron la existencia de un volumen importante de dinero que no estaba justificado.
A pesar de la investigación interna, que maneja descuadres de 4 millones de euros, el Gobierno regional trató de silenciar el caso y ni siquiera lo denunció. Ni ante la fiscalía ni ante la policía. Un escueto comunicado fechado en diciembre señala que «el procedimiento de control se había activado en los plazos que señala la Ley de Subvenciones y que no hubo inacción». En el debate político, el director de Estrategia y Fomento de Empleo de la Comunidad,Valentín Bote, fue el encargado de defender la actuación «diligente» en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Paralelamente a las excusas políticas, la Consejería de Empleo ha acabado despidiendo al autor de la denuncia que acabó en las mesas de la policía y de la Agencia Tributaria: El subdirector general de Formación Continua y Emprendedores, Joaquín Velázquez, ha sido destituido en base a la pérdida de confianza que ha despertado en el Ejecutivo. La medida ha sido tan rápida que el puesto aún siguevacantecomo refleja el portal oficial de la consejería.
El asunto ha salpicado también a un cargo de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM-CEOE), su vocal Alfonso Tezanos, considerado una especie de ‘padrino’ de Aneri.
Ya destapada la trama CEIM aseguró ayer mismo que el presunto fraude de los cursos de formación continua «no tiene nada que ver» con ellos y ha soltado lastre asegurando que Tezanos es «un miembro más de los 200 que forman parte de la Junta Directiva de la Confederación, sin ningún cargo de responsabilidad en la misma».
CEIM insiste, además, en que comunicó a las organizaciones afectadas -integradas en su seno pero que gozan de total independencia en su funcionamiento y organización- que pusieran el asunto en manos de los tribunales si así lo consideraban oportuno.
El mismo apoyo a Tezanos ha venido desde la Federación de Empresarios de Madrid –Fedecam–. Según ha podido saber’La Vanguardia’, el Comité se reunió ayer de urgencia para tratar el asunto y, finalmente, respaldar Alfonso Tezanos en la presunta actuación irregular de una consultora de formación subvencionada.
«Hay que revisar todo el sistema»
El escándalo de Madrid viene a sumarse al de otras Comunidades Autónomas. Conscientes de la transcendencia y del recorrido del caso, el Ejecutivo regional ha confirmado que está investigando a un centenar de organizaciones, tanto empresariales como sindicales, que realizaban cursos de formación tanto presenciales como a distancia.
La propia Ana Isabel Mariño ha anunciado que propondrá al Estado una revisión de «todo el sistema» de formación continua para los trabajadores, porque considera que no es de recibo que se hayan venido utilizando «esos repartos entre sindicatos y empresarios para intentar de alguna manera controlar la gestión de la cosa pública en materia de formación continua».