El Gobierno de Cantabria regula la contratación centralizada

El órgano que dependerá de la Consejería de Presidencia y Justicia y que servirá para mejorar la utilización eficiente de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios.
El Gobierno de Cantabria ha aprobado el decreto por el que se crea la Central de Contratación, órgano que dependerá de la Consejería de Presidencia y Justicia y que servirá para mejorar la utilización eficiente de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios en la Comunidad Autónoma.
Este reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno regula la contratación centralizada y la distribución de las competencias en esta materia en aras a conseguir economías de escala, sin que esto suponga un incremento del gasto en materia de personal, dado que la dotación de los recursos humanos de la nueva Central se integra de personal cualificado de la propia Administración Autonómica.
La contratación centralizada responde al objetivo de eficiencia, estabilidad presupuestaria y racionalización del gasto que se ha marcado el Gobierno de Cantabria.
De hecho, el Ejecutivo estima que la Central de Contratación es un instrumento necesario para racionalizar la política de compras, contar con sistemas de información comunes y unificar los criterios de los distintos órganos administrativos con el fin de ahorrar, reducir los precios y los costes de transacción y mejorar y profesionalizar la gestión de la contratación, facilitando además el acceso a la contratación de las pymes.
Para la contratación centralizada, el decreto recoge varias técnicas de racionalización de la contratación, como los acuerdos marcos, la articulación de un sistema dinámico y la creación posterior de un catálogo con las obras, suministros y servicios homologados de referencia.
Con la creación de la Central, Cantabria se adelanta a las futuras modificaciones legislativas derivadas del `Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la Unión Europea’, que impulsa la contratación centralizada, la simplificación de los procesos de contratación en la administración pública y el fomento del uso de la contratación electrónica como medio para racionalizar el gasto público.
Periódicamente se evaluarán los resultados obtenidos del nuevo modelo de contratación administrativa, a fin de acreditar el alcance de su eficacia.