El Gobierno aprueba su reforma de las pensiones sin asegurarse un mínimo consenso

Los representantes sindicales están abiertos a negociar con el Gobierno una reforma de los ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social que garantice unas prestaciones por jubilación adecuadas y suficientes.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un anteproyecto de ley de reforma de las pensiones que no cuenta con el visto bueno de los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME. El texto no cambia la fórmula ya conocida para desvincular la revalorización de pensiones del IPC y fijar su cuantía según la esperanza de vida. El nuevo índice de revalorización de pensiones entrará en vigor en el 2014 y establecerá un suelo que evite la bajada o congelación de las pensiones, que será del 0,25 %.
De la misma manera, se establecerá un techo máximo de subida, que será del IPC más el 0,25%. Asimismo, se establece que el factor de sostenibilidad, que adecuará las pensiones a la esperanza de vida, empiece a aplicarse en el 2019. Al mismo tiempo que en la reunión del Gobierno, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentaba este anteproyecto, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos se reunía con los agentes sociales. Tanto los representantes sindicales como de los empresarios se quejaron de que el Ejecutivo no respetara la negociación con ellos y presentara unilateralmente un texto que no recoge las propuestas sindicales. Tanto CCOO como UGT le han hecho llegar a Burgos su rechazo al llamado factor de las sostenibilidad ya que consideran que las pensiones perderán entre un 15% y un 28% de poder adquisitivo en los próximos 15 años. PODER ADQUISITIVO «Es importante que el Gobierno diga la verdad y es que con su fórmula no se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones», ha afirmado Carmen López, representante de UGT. Otro de los problemas, según Carlos Bravo, representante de CCOO, es que en la propuesta del Ejecutivo la revalorización anual de las pensiones queda en manos del Gobierno de turno con los que se produje una «discrecionalidad política» que no sirve para sacar el debate de las pensiones del juego político. Los representantes sindicales están abiertos a negociar con el Gobierno una reforma de los ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social que garantice unas prestaciones por jubilación adecuadas y suficientes.
PROPUESTAS SINDICALES Mientras UGT recuerda que los jubilados están doblemente penalizados porque tienen que hacer frente al copago de los medicamentos, CCOO ha puesto encima de la mesa una propuesta para aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Entre otras fórmulas están el incremento temporal de dos puntos en los tipos de cotización, lo que tendría un impacto económico de 7.000 millones de euros, el incremento de la base máxima de cotización, la convergencia de la cotización de autónomos con la del régimen general y que los gastos administrativos de la Seguridad Social los asuma el Estados.
El ahorro total de estas propuestas sería de unos 19.140 millones de euros. Mientras se producía la reunión, Soraya Saénz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, decía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que es voluntad del Gobierno «escuchar y tomar en consideración» todas las aportaciones que puedan hacerse para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha destacado que la reforma dará «confianza, tranquilidad y certidumbre» tanto a los pensionistas presentes como futuros, a los que ha garantizado que van a poder disfrutar de pensiones públicas y volvió a dirigir su mensaje a los jóvenes para que se impliquen en este debate porque van a ser los pensionistas del mañana».
INFORME DEL CES El Gobierno va a enviar el anteproyecto al Consejo Económico y Social (CES) para que emita un informe preceptivo pero que no es vinculante. Después aprobará antes de fin de mes el proyecto de ley para debatirse en el Congreso de los Diputados. Los contactos con los agentes sociales se mantendrán en este tiempo, aunque los sindicatos dudan de que el Gobierno tenga intención de analizar y asumir las propuestas para garantizar la estabilidad del sistema y el aumento de recursos que permitan pagar unas pensiones adecuadas en el futuro.