El fraude de las pensiones desarticulado también en Cantabria, puede suponer para el que se ha embolsado el dinero hasta 6 años de cárcel

Si el importe defraudado es inferior a 50.000 euros, la pena oscila entre 6 meses de cárcel y 3 años. Si supera esa cifra, puede ser condenado a entre 2 y 6 años de prisión.
CANTABRIA24HORAS.
La Policía Nacional ha dado cuenta este miércoles de su última operación, desarrollada en 21 provincias españolas. De norte a sur y de este a oeste, los agentes han tenido que realizar una ardua labor para localizar a los que recibieron 12.586 abonos indebidos. El fraude destapado en esta ocasión alcanza los 6 millones de euros, según se ha estimado en la nota oficial de los responsables policiales. Un trabajo de los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y cuyos responsables han explicado los detalles de estas operaciones. En los últimos tres años la Policía Nacional ha detenido o investigado a 76 personaspor cobrar esa prestación de personas que ya habían fallecido. El monto total de lo defraudado asciende a 14 millones de euros.
Aprovechar que se es cotitular de la cuenta del que fuera pensionista; falsificar la firmadel finado; apropiarse en el buzón de la tarjeta de crédito que el banco, ignorante del fallecimiento, ha enviado al muerto; contratar a una actriz para que finja ser la beneficiaria; valerse de la condición de empleado de la sucursal a la que el anciano acudía cada mes… son algunas de las argucias que han utilizado los presuntos autores de cobrar pensiones de personas fallecidas. En consecuencia, todo valle con el fin de llevar adelante sus propósitos que ahora pueden pagar caro, como gastar en abogados lo cobrado ilegalmente.
No hay redes organizadas dedicadas a esta actividad ilícita. De hecho,el 90% de los investigados por este tipo de fraude son personas muy cercanas al fallecido.
Y lo primero que aseguran es que este tipo de delitos está cayendo, ya que, aunque las cifras pueden parecer escandalosas, lo cierto es quese trata de casos antiguos que se están detectando ahoragracias a las nuevas tecnologías, la conexión entre los registros y, en suma, las ventajas de la informática. Gracias a estos avances, dicen los agentes, a la Tesorería de la Seguridad Social le «saltan» cada vez antes los casos evidentes de cobro de pensiones de personas ya fallecidas.
Cuando es así, la Tesorería facilita la información que ha podido recabar a la Sección de Investigación de la Policía Nacional paraque prosiga con las pesquisas y dé con el «beneficiario»o, mas bien, con el «aprovechado». Que puede aprovecharse porque, por regla general y de forma intencionada, no se ha informado a la entidad bancaria del óbito, a pesar de que es obligatorio, ni se ha comunicado el fallecimiento en el Registro Civil.
Lo primero que se hace en estos casos es»cortar» el ingreso de la prisión en la cuenta bancaria de las entidadescorrespondientes, que, por cierto, están obligadas cada año a solicitar una fe de vida de los pensionistas.En ocasiones no lo hacen y en otras, son «engañadas», porque los familiares o allegados les presentan documentos falsificados para acreditar que el beneficiario de la pensión aún vive.
De todos modos, en el caso de que se hayan efectuado los ingresos y descubierto el fraude, el banco tendrá que revertir a la Tesoreríael importe correspondiente a cuatro años. Y para el autor del fraude, o sea, para el que se ha embolsado el dinero, el castigo le puede suponerhasta seis años entre rejas. Si el importe defraudado es inferior a 50.000 euros, la pena oscila entre 6 meses de cárcel y 3 años. Si supera esa cifra, puede ser condenado a entre 2 y 6 años de prisión.
La Seguridad Social está llevando a cabo uncontrol exhaustivo del cobro de las pensionesy realiza campañas de inspección de beneficiarios con más de 100 años o con edades muy avanzadas. Mientras, la Sección de Investigación de la Policía Nacionalya ha explotado tres operaciones, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, con resultados muy satisfactorios. Las dos primeras han llevado el nombre de Libitina I y II, en honor a la diosa del inframundo, los muertos y el entierro, de la mitología romana.
JUCIO POR ESTAFAR 171.OOO EUROS DURANTE 31 AÑOS.
En la primera de ella los resultados fueron estos: 19 detenidos o investigados por un fraude de 2 millones de euros detectado en 11 provincias. El caso más destacado fue el de una señora, cuyo juicio se celebrará en Madrid el 20 de febrero, que estafó 171.000 euros durante 31 años.
Por su parte, la segunda operación arrojó estos datos: 46 detenidos o investigados, fraude de casi 5,9 millones de euros y 23 provincias afectadas. Ni mas ni menos que 35 años estuvo cobrando la pensión de un fallecido uno de los arrestados.
Quizá alguna de todas estas personas investigadas se hayan acercado alguna vez a la tumba de su «víctima» para depositar un ramo de nomeolvides. La Policía ha bautizado la operación correspondiente a 2019 con el nombre científico de esa flor, Myosotis, para que los «cazados» por los agentes no se olviden de lo que hicieron.
UN FRAUDE DE MÁS DE SEIS MILLONES DE EUROS
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad Social, han destapado un fraude 6.357.510,68 euros realizados mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas durante el pasado año 2019. Los agentes han arrestado a once de las 36 personas que han sido identificadas como presuntas responsables de un total de 55 delitos contra la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Las actuaciones se han llevado a cabo a lo largo de 2019 en 21 provincias, concretamente en Álava, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cáceres, Cantabria, Córdoba, Gerona, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
Las investigaciones comenzaron al recibirse varias denuncias de hechos similares en diferentes puntos del país. La mayoría de los implicados en el beneficio de estas cuantías abonadas de forma ilícita eran personas cercanas a los fallecidos como hermanos, hijos, nietos y sobrinos, pero también maridos, esposas, yernos y ex parejas. No todos los responsables identificados han podido ponerse a disposición de la autoridad judicial, ya que algunos han fallecido, están enfermos graves o se encuentran en avanzado estado de edad. Otros se encuentran residiendo en Alemania, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Suiza y Venezuela.
Esta operación ha supuesto un reto organizativo para los investigadores. Se han analizado 12.586 abonos indebidos, 75 cuentas bancarias, 23 casos con más de 100.000 euros defraudados, 40 pensiones que superaban los diez años de ingresos ilícitos, 22 fallecimientos ocurridos antes del año 2000 y 11 muertes de pensionistas españoles ocurridos en el extranjero. Gracias a los mecanismos establecidos legalmente, hasta el momento se han podido recuperar 3.893.787,08 euros del total defraudado.
Una pensionista siguió “firmando” cuatro años después de su muerte
Entre los casos más relevantes destaca el de una mujer que, con el fin de conseguir acceso a la cuenta bancaria de su madre fallecida cuatro años antes, no dudó en acercarse al banco con una “actriz” que suplantó la identidad de su progenitora, fallecida. De esta manera, consiguió el acceso al dinero mediante la falsificación de la firma de la titular de la cuenta.
La implicada se benefició de más de 200 disposiciones en efectivo, que han supuesto un fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social de más de 74.000 euros, abonados durante los más de 20 años de forma indebida.
Falsificación de justificantes por parte de un empleado de banca
En otro caso fue detenido un empleado de banca que, aprovechando sus conocimientos en el puesto y abusando de la confianza de sus compañeros de oficina, llegó a realizar hasta 62 reintegros de la cuenta de una mujer fallecida y que habían sido abonados indebidamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Para cometer los hechos, el arrestado falsificó los justificantes de efectivo y las cartillas bancarias de la pensionista fallecida y, con el fin de justificarse en su puesto de trabajo, aprovechaba los momentos en los que atendía a personas de avanzada edad para indicar a su compañero de ventanilla que la misma era muy mayor, que no podía estar de pie al tener dificultades de movimiento y la invitaba a esperar sentada.
Con esa estratagema, el detenido conseguía que en caja le entregaran el dinero con la falsa creencia que la mujer que estaba sentada era la titular de la cuenta.
El arresto del trabajador se produjo mientras extraía dinero en un cajero automático de la propia entidad a la que había robado previamente.