El Ejecutivo prepara nuevas medidas de control para impedir que menores y personas con ludopatía accedan a salas de juego

Cantabria es la comunidad más restrictiva en distancias entre salones de juego y centros educativos, tras el endurecimiento que entró en vigor este año
El Gobierno de Cantabria ultima la elaboración de una normativa que introducirá nuevas medidas de control efectivo de acceso y admisión en la entrada de los establecimientos de juego para impedir que accedan menores y las personas inscritas en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso. Entre las medidas, se establecerá un servicio de admisión para todos los salones de juego y una aplicación informática para el control de accesos.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha informado de ello tras mantener una reunión con representantes de la FAPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cantabria) y de CONCAPA- Cantabria (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos), encabezadas por sus presidentas, Leticia Cardenal y Mónica Haro, respectivamente
La Consejería de Presidencia ha convocado a estas asociaciones a una reunión con el fin de trasladar las medidas de prevención que impulsa Cantabria frente a la ludopatía en los jóvenes y dar a conocer el alcance del programa de juego responsable que mantiene desde 2018.
Fernández Viaña ha explicado que el decreto que prepara el Gobierno saldrá a consulta pública el próximo 20 de febrero y regulará tres aspectos básicamente: el registro de interdicciones de acceso al juego, que impide el acceso al juego de quien se apunte en él y que se extenderá a todos los establecimientos de juego; una aplicación informática que dará soporte a todo el procedimiento de inscripción del ciudadano y su gestión por parte de la Administración regional y los establecimientos, así como un servicio de admisión que también será obligatorio para todos los salones y centros de juego (actualmente solo existe en bingos y casinos).
Estos aspectos se encuentran ya muy avanzados en su regulación. En el caso de la aplicación informática, cuya misión es facilitar a los operadores la ejecución del servicio de admisiones, se trabaja con el sector para implantar el sistema de certificación necesario. Igualmente, se ultima el diseño del mecanismo más adecuado para desarrollar el servicio de admisión que controle la entrada a los locales.
Según Fernández, el objetivo es «anticiparnos y que los menores no puedan entrar en los salones de juego», por lo que resulta «fundamental» el Decreto del derecho de admisión. Tal y como ha explicado, este decreto se va trabajar de manera conjunta con otros colectivos como asociaciones de padres o de vecinos para que «aporten sugerencias o valoraciones al texto».
Por su parte, tanto Leticia Cardenal como Mónica Haro han valorado positivamente los pasos dados por el Ejecutivo.
Cantabria, la más restrictiva en distancias entre salones de juego y colegios
En virtud del programa de juego responsable, el Gobierno ha reforzado la vigilancia para evitar los efectos nocivos en los sectores sociales vulnerables, como son los jóvenes. Entre las acciones, decidió impulsar cambios legales para limitar primero las distancias entre salones, que pasó desde 2017 de una distancia mínima de 150 metros a una distancia mínima de 500 metros.
Esta misma limitación (distancia mínima de 500 metros), se extendió a partir de 2020 (con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2019) entre los establecimientos de juego y los centros escolares, siendo actualmente la comunidad autónoma española más restrictiva en este ámbito.
El resto de autonomías no regula las distancias con los centros de enseñanza o bien las limitaciones van de los 50 metros de Canarias, a los 100 de Madrid, Asturias, Balerares, Cataluña y Castilla y León. Galicia establece 150 metros, Extremadura fija una distancia mínima de 300 metros y la Comunidad Valenciana prevé impulsar en el próximo tiempo una norma con la misma distancia establecida por Cantabria, 500 metros.
Por otro lado, ante la preocupación social por el incremento de la adicción del juego, Cantabria ha intensificado de forma importante las inspecciones de juego, pasando de las 564 en 2016 a las 1.188 en el último año.
Otras medidas restrictivas han consistido en la suspensión de concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas tragaperras, una suspensión que se mantiene desde el año 2006.
El índice de denuncias policiales por procedimientos sancionadores es muy bajo y en 2019 no entró ninguna denuncia por la entrada de menores a establecimientos de juego (en 2018, dos expedientes, aunque no hubo sanción por falta de pruebas en el proceso). En 2020, el Gobierno cántabro ha incoado un expediente con motivo de una operación policial en la que se identificaron menores dentro de un salón de juegos de Santander.
Colaboración con el Ministerio para limitar la publicidad ‘online’
El Gobierno de Cantabria ha ofrecido toda su colaboración al Ministerio de Consumo, que prepara un real decreto para limitar la publicidad ‘online’ de los juegos de azar y apuestas en el ámbito estatal, con la vista puesta en prevenir y frenar la ludopatía y proteger a colectivos vulnerables, como los menores.
La consejera ha explicado que el Gobierno de Cantabria tiene competencias en el juego presencial, pero el problema de los menores es «básicamente el juego online y su publicidad», que permite a los menores tener «tan al alcance este tipo de juegos». Fernández ha afirmado que desde el Ejecutivo serán «inflexibles», dada la necesidad de atajar el problema de publicidad online y el juego en menores.
De este modo, Cantabria participará en el Consejo de Políticas de Juego, convocado por el Ministerio, que se celebrará en el mes de marzo, con el fin de compartir las iniciativas en este ámbito de actuación concreto, que compete a la Administración del Estado.