Dos años a la dueña de una constructora que ocultó a tres parejas que no iban a construir sus casas

Única administradora de una constructora, por un delito continuado de estafa, al ocultar a tres matrimonios que no se iban a construir las viviendas que habían acordado y por las que habían pagado ya más de 76.000 euros.
Grupo Diariocrítico/agencias
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de cárcel a una mujer, única administradora de una constructora, por un delito continuado de estafa, al ocultar a tres matrimonios que no se iban a construir las viviendas que habían acordado y por las que habían pagado ya más de 76.000 euros.
De acuerdo con la sentencia, en septiembre de 2006 las tres parejas suscribieron con la acusada, E.M.H.C., un contrato de ‘llave en mano’ para la construcción de las viviendas unifamiliares en las parcelas de Prezanes, en Santa Cruz de Bezana, que poseían los afectados.
El precio pactado incluía, por parte de la constructora, el estudio de la parcela, licencia de obra, proyecto de ejecución y construcción de la casa, por lo que cada matrimonio había adelantado un mes antes 2.000 euros en concepto de reserva, así como las cantidades de 22.906 euros, 23.011 y 24.837 euros.
Tras este abono, mantuvieron tres reuniones con la administradora de la constructora, que confeccionó unos anteproyectos sobre los que los promotores introdujeron modificaciones para acordar el diseño definitivo de sus futuras viviendas, sin que volvieran a tener ninguna noticia de la mercantil, que cesó su actividad en enero de 2007.
Según la sentencia, al administradora de la constructora firmó los contratos «a sabiendas» de la imposibilidad de su ejecución y «ocultando» las dificultades económicas que atravesaba la empresa desde diciembre de 2005 y que llevaron un año después a incurrir en causa de disolución, pese a lo que no solicitó concurso voluntario hasta julio de 2008.
Ante esto, la Audiencia de Cantabria considera que se trata de un delito continuado de estafa, por lo que condena a la acusada a la pena de dos años de cárcel, así como al pago de 2.100 euros y ha indemnizar a los afectados con las cantidades abonadas.