Dolores Delgado, ex-ministra de Justicia, posible Fiscal General del Estado

Los fiscales generales son nombrados oficialmente por el Rey, pero son propuestos por los gobiernos y pasan el corte del Consejo General del Poder Judicial y el Congreso de los Diputados.
Según ha adelantado este lunes la ‘Cadena SER’,Pedro Sánchezpropondrá pasar aDolores Delgadodel Ministerio de Justicia a la cabeza de la Fiscalía General del Estado.
Delgado era fiscal ya antes de entrar en el anterior Ejecutivo y por eso se la propondrá para el cargo, sustituyendo aMaría José Segarra, a quien precisamente ella sugirió para el puesto.
La imagen que de ella tenía Sánchez era muy positiva, pero fue una de las sacrificadas después de la entrada de Unidas Podemos al gobierno de coalición. Con este cargo tan importante a nivel del Estado la compensa por perder la cartera de Justicia.
Delgado no tuvo un fácil aterrizaje en el Ministerio en 2018. Al poco de llegar al puesto se filtraron unos audios de una conversación privada e informal en la que se refería al juezFernando Grande-Marlaskacon relación a su orientación sexualllamándole «maricón», intentando así sembrar la cizaña entre compañeros del Consejo de Ministros. Además, esa conversación era con el polémico ex comisarioJosé Manuel Villarejo. El PP exigió su dimisión por mentir al negar sus relaciones con Villarejo.
En este tiempo también fue criticada por mediar con Italia en el caso deJuana Rivas, la madre que retuvo a sus hijos para no entregárselos a su padre italiano, al que acusaba de maltrato. Asimismo, fue la gran protagonista en laexhumación de los restos mortales de Francodel Valle de los Caídos, donde representó al Gobierno en calidad de notaria mayor del Reino. Acompañó en todo momento el féretro y acompañó a la familia del dictador.
Como ministra tiene el dudoso honor de ostentar el récord de haber sidoreprobada por tercera vezcomo ministra. La última vez, con ayuda de ERC, ahora socio necesario del Gobierno.
Los fiscales generales son nombrados oficialmente por el Rey, pero sonpropuestos por los gobiernosy pasan el corte del Consejo General del Poder Judicial y el Congreso de los Diputados. Se pide que el candidato sea un jurista de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.