Diego pide a la empresa que «vuelva a sentarse con el Gobierno» para buscar salidas

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se ha reunido hoy con el Comité de Empresa y a pedido a la dirección que se plantee «retomar las negociaciones con los representantes de los trabajadores» ahora que «todavía hay margen».
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha pedido al representante de Sniace, Miguel Gómez de Liaño, que «vuelva a sentarse con el Gobierno para tratar el futuro inmediato de la empresa» buscando «no cerrar todas las puertas» y que se plantee «retomar las negociaciones con los representantes de los trabajadores» ahora que «todavía hay margen».
Ignacio Diego ha realizado estas afirmaciones tras reunirse con el Comité de Empresa para analizar la situación actual y tras la negativa de la dirección de Sniace a sentarse en una mesa tripartita debido a que «entendían rechazada por los trabajadores su última propuesta». Se trata de un «último esfuerzo», ha explicado  Diego, por «sentar a ambas partes con la mediación del Gobierno».
El presidente Diego ha recordado que su Gobierno ha actuado siempre «en defensa de los intereses de Sniace», pero nunca en los beneficios de los accionistas, sino «pensando en el mantenimiento de los puestos de trabajo».
Ignacio Diego ha explicado que el Gobierno había conseguido un «difícil objetivo» que es obtener recursos financieros del Estado para sufragar las Ayudas para Prejubilaciones (APJ), unas ayudas «muy especiales y muy singulares» y que «en muy pocas ocasiones se consiguen pero siempre condicionadas a reestructuraciones de empresa, no a cierres de empresa».
Diego ha señalado tener «la misma sensación que los trabajadores».  En su opinión, la empresa estaba «engañando a los trabajadores forzando la firma de un acuerdo en el que constaban unas prejubilaciones para las que no pensaba poner un euro, lo que las hace legalmente imposibles», ha afirmado el presidente Diego.
Si hoy la empresa «fuerza los despidos» y el cierre de Sniace, explica el presidente,  «ya no se podrá optar a los recursos de las APJ que el Estado se había mostrado en disposición de aportar, siempre y cuando se trate de una reestructuración y que complementen las que haga la empresa».