Diego entrega en Escalante la primera autorización provisional a la treintena de viviendas del edificio ‘Las Torres’

El presidente destaca que el Gobierno «cumple con el objetivo de resolver un asunto que preocupa a una serie de familias que llevan muchos años cargando con este grave problema que pesa sobre ellos y sus economías»
Ignacio Diego y Javier Fernández durante su encuentro con los propietarios del edificio Las Torres de Escalante. (Foto: Raúl Lucio)
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha asegurado hoy, en Escalante, en el transcurso de la entrega de la primera autorización provisional a la treintena de viviendas afectadas por la sentencia de derribo del edificio ‘Las Torres’, que el Gobierno regional «cumple hoy con el objetivo de resolver problemas a los ciudadanos y, en este caso, con un problema muy serio y dificultoso, que otros no resolvieron en ocho años, mientras que nosotros ponemos sobre la mesa soluciones alternativas y el compromiso del consejero de Medio Ambiente y del presidente de Cantabria».
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, han entregado hoy en Escalante, en presencia del alcalde, Juan José Alonso, la primera autorización provisional a la treintena de viviendas afectadas por la sentencia de derribo del edificio ‘Las Torres’, un hecho que ha sido posible gracias a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Tal y como ha enfatizado Diego, se trata de una solución que viene encajada en el desarrollo de los PGOU de cada uno de los ayuntamientos que tienen este problema, entre los que se encuentra Escalante y que supone  «un asunto que preocupa a todo un municipio, a todo un pueblo y, de forma singular, a una serie de familias que llevan muchos años cargando con este grave problema que pesa sobre ellos y sobre sus economías».
En este sentido, Diego ha subrayado que «posteriormente, y en un plazo breve de tiempo, espero que también sea la solución para otras familias en Miengo y, antes del verano, nos gustaría también poder aportar la solución para otras de Piélagos».
«De esta manera», ha recalcado Diego, «estamos resolviendo un problema de todos los cántabros porque, si no pudiéramos solucionarlo por la vía legal, la otra solución sería la de la indemnización, que tendríamos que pagar todos, y les aseguro que no es una solución barata, se trata de muchos millones de euros y por eso estamos trabajando para que la solución sea la que todos deseamos, que cada ciudadano mantenga su propiedad y que no tengamos todos que hacer un enorme desembolso para dejarle sin propiedad a un ciudadano e indemnizarle por ello».
Por su parte, el consejero de Urbanismo, Javier Fernández ha destacado la importancia de este día por la concesión de la primera autorización provisional, un hecho «que ha sido posible gracias a la ley aprobada el año pasado en el Parlamento de Cantabria» y que introduce «lógica» para solucionar el problema de los derribos. Para Fernández, el de Escalante es «un primer paso» que sirve para que el camino marcado por el Gobierno de Cantabria «gane credibilidad».
«Es una buena noticia que hay que analizar con esperanza, pero también con expectación», ha dicho el consejero. También ha recordado que ahora son los jueces quienes tienen la última palabra y deben decidir si el procedimiento «es conforme a derecho».
Como ha adelantado durante la visita a Escalante, desde la Consejería de Urbanismo se espera que en los próximos meses se den las siguientes autorizaciones provisionales en Miengo, y posteriormente en Piélagos y Argoños.
Una filosofía plasmada en la Ley 4/2013 de Régimen Jurídico de las Autorizaciones Provisionales, pionera en España y llena de sentido común, que ya empieza a dar sus frutos
La figura de las autorizaciones provisionales tiene como objetivo legalizar todas aquellas viviendas que encajen dentro de los planes urbanísticos y de la legalidad.
Para el Gobierno de Cantabria esta filosofía, que ya está dando sus frutos, parte de un esfuerzo por impulsar los PGOU de todos aquellos ayuntamientos afectados por estas sentencias.
Ello ha sido posible gracias a un intenso trabajo desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo desde el año 2011 que en esa fecha inició la ejecución de un calendario, establecido en una hoja de ruta y diseñado con la finalidad de acabar con la inseguridad e intranquilidad que desde hace más de veinte años vienen padeciendo las familias afectadas.
Esta hoja de ruta ha respetado tanto las leyes como a las partes implicadas en el proceso, trazando un estudio individualizado de cada uno de los supuestos, de cara a una posible legalización y, al tiempo, efectuando una planificación presupuestaria para hacer frente tanto a las futuras indemnizaciones como a la ejecución de los derribos que no se puedan evitar, de cara al cumplimiento en todo momento del ordenamiento jurídico que obliga al Gobierno de Cantabria a indemnizar antes de la demolición.
La Ley 4/2013 de 20 de junio relativa al Régimen Jurídico de las Autorizaciones Provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes es pionera en España y está llena de sentido común. En ella el Gobierno regional ha plasmado su filosofía de que derribar para luego poder construir en el mismo lugar es un despilfarro que Cantabria no se puede permitir y que no tiene sentido.