El sistema de control telemático para maltratadores con órdenes de alejamiento atraviesa la mayor crisis desde su implantación en España. El Ministerio de Igualdad permitió durante meses que dispositivos defectuosos dejaran de proteger a las víctimas, en un contexto marcado por fallos técnicos, cambios de proveedor y decisiones cuestionadas.
Fallos graves tras un cambio de proveedor más barato
La raíz del problema se encuentra en la decisión del Ministerio de sustituir al proveedor del servicio por otro con costes más bajos. La transición derivó en la pérdida de datos de órdenes de alejamiento anteriores a 2024 y en graves errores de registro. Varios policías han denunciado que los nuevos dispositivos no eran comparables a los anteriores: mientras las pulseras previas disponían de baterías que duraban hasta seis meses y solo podían recargarse en dependencias policiales, las nuevas versiones eran similares a modelos de bajo coste disponibles en páginas de compraventa asiáticas, que debían cargarse a diario por los propios agresores.
Este fallo, aparentemente técnico, se tradujo en consecuencias jurídicas y sociales. Decenas de procedimientos terminaron en sobreseimiento o absolución, al no registrarse los movimientos de los maltratadores ni los incumplimientos de las órdenes de alejamiento.
Ocho meses de exposición y silencio institucional
La gravedad se multiplica al conocerse que el Ministerio de Igualdad, primero bajo la gestión de Irene Montero y posteriormente ya con Ana Redondo al frente, fue plenamente consciente de las deficiencias técnicas. Durante al menos ocho meses, cientos de mujeres quedaron expuestas sin que se adoptaran medidas alternativas ni se comunicara públicamente la situación.
Fuentes policiales señalan que se trató de “un agujero de seguridad conocido en silencio”, que generó una vulnerabilidad inédita en el sistema de protección.
El caso de Mallorca
Entre los episodios más graves figura un suceso ocurrido en diciembre de 2024 en Mallorca, donde un hombre con orden de alejamiento y portador de una pulsera telemática asesinó a su expareja. El dispositivo no se activó en el momento del quebrantamiento, lo que puso de relieve las deficiencias del sistema.
La gestión política en el centro del debate
El caso ha generado una tormenta política. Desde la oposición se acusa al Ministerio de priorizar el ahorro económico frente a la seguridad de las víctimas. A su vez, colectivos feministas y juristas reclaman explicaciones sobre por qué no se suspendió el uso de las pulseras defectuosas hasta contar con dispositivos fiables.
La combinación de fallos técnicos, opacidad institucional y consecuencias judiciales ha convertido a las pulseras antimaltrato en el epicentro de un escándalo que amenaza con salpicar a dos etapas de la misma cartera: la de Irene Montero y la de su sucesora Ana Redondo.
